La debilidad de las instituciones democráticas de representación —léase Asamblea Legislativa y Presidencia de la República— genera el traslado a la esfera judicial —Sala de lo Constitucional— los conflictos que antes eran resueltos por los Órganos de representación política y aceptemos que a partir del colapso del Estado de Bienestar se da la incapacidad para materializar la Constitución, especialmente en lo socio-político.
Se litigan las demandas sociales. Estas son un grito de auxilio de una sociedad que clama por soluciones especialmente en la salud y el respeto a los derechos fundamentales.
La miopía política no permite ver el bosque, sólo el árbol. Peor aún, hay voces oficiales y hasta presidenciales que se pronuncian contra lo que ellos llaman intromisión del Órgano Judicial a través de la Sala de lo Constitucional en el quehacer del Órgano Ejecutivo.
Entendamos Presidente y comparsa:
Las violaciones de la Constitución que la Sala de lo Constitucional conoce no surgen espontáneamente en ella; nacen en Ustedes. La Sala las señala con fundamento jurídico, las aparta del ordenamiento, tutelando los derechos violados. Esa es su responsabilidad: defender la Constitución contra el acto arbitrario y abusivo de autoridad.
Las decisiones de nuestro Tribunal Constitucional cumplen una función social cada vez más determinante, al extremo que necesariamente debe incomodar al violador, aunque sea el Presidente.
Es alentador ver que la sala no permanece ajena ante los efectos que sus fallos producen. No es un tribunal declarativo, inocuo. Sus decisiones cumplen el precepto constitucional de eficacia jurídica cuando hay desmedro del bien común.
La Sala invita —por no decir exige— a hacer nuestros los principios y valores que humanizan nuestra convivencia social.
Ante la maraña normativa que nace de CAPRES en un “hoy sí, mañana no” que crea una problemática social que no ayuda a controlar la pandemia, que subordina el derecho a la fuerza militar, a través de violaciones constantes de derechos humanos so pretexto de ser necesarios para contener la epidemia y su virus, debemos también aceptar que esta patología no será resuelta ni por la Sala de lo Constitucional, ni por leyes. Ellos son instrumentos de sana convivencia social. Nada más.
Estamos en un momento de convivencia riesgosa e insegura, la opción es enfermedad o pobreza. Debemos luchar contra ambas. Recordemos que venimos de vencer una guerra deshumanizante, de batallar contra la naturaleza y toda clase de adversidades como el crimen organizado, la violencia, el mercado internacional y ahora el coronavirus.
Hay crisis de salud y Constitución porque, aunque la ignorancia puede ser atrevida, no tiene el Gobierno la capacidad de resolver los macro problemas que están adquiriendo dimensiones frustrantes para las personas.
Si vemos que el sector gubernamental no puede o no quiere, hagámoslo nosotros, el resto. Somos más.
Ya vemos, sin embargo, incipientes esfuerzos solidarios del sector no gubernamental. Sumémonos a ellos. Dejemos a un lado a quienes por no poder construir encuentran placer en destruir.
Se habla de pesos y contrapesos como teoría política. Esto significa equilibrio político, no confianza ni unión. Es balance real.
Con el GOES no podremos unirnos, pero si sumarnos al esfuerzo nacional de una República que en una democracia compartida construye y rescata al salvadoreño, que somos todos.
Con el Papa Francisco, compartamos una visión inclusiva de nuestro futuro.
Superemos la patología. Integremos democracia con derecho y derecho con realidad. Esta son las verdaderas reglas de convivencia que nos señala nuestra Constitución.
Las contradicciones en los decretos ejecutivos de CAPRES hasta nos avergüenzan. Se llega al extremo ridículo de pedir ayuda internacional y se muerde la mano amiga que la brindará.
Abogado.