Mientras el Gobierno contabiliza a los infectados, a los recuperados y a los fallecidos por la COVID-19, las instituciones de control y diversos organismos internacionales advierten sobre graves violaciones a la Constitución de la República.
Al 20 de abril se han presentado 20 inconstitucionalidades, 194 habeas corpus y 36 amparos todos ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha recibido 581 denuncias en total, entre detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos de la salud, el trabajo y la libertad de información, entre otros.
A la lista se agregan serios posicionamientos del Instituto de Acceso a la Información Pública. El IAIP evidencia la opacidad de los procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios que se están aplicando durante la emergencia. También manifiesta el derecho que les asiste a las personas de conocer los resultados de la prueba de COVID-19 que les fue aplicada en los centros de contención. Por otro lado, la Fiscalía General de la República investiga las muertes por supuesta negligencia al interior de los centros de contención, las lesiones con arma de fuego ocasionadas por un agente policial a un ciudadano en San Julián, y la legalidad de la actuación de la Fuerza Armada en el cerco sanitario, con prohibición a los lugareños de comprar alimentos y medicinas, impuesto por el presidente Bukele en el departamento de La Libertad. También advirtió a los 262 alcaldes que procesará a quien establezca estado de sitio por tratarse de un hecho contrario a la Constitución.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); la Organización de las Naciones Unidas a través de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet; el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza; y Human Rights Watch, por medio de su Director Ejecutivo, José Miguel Vivanco, han manifestado su profunda preocupación por la erosión del Estado de derecho en El Salvador. Todos coinciden en señalar que el tratamiento de la pandemia no justifica la violación de principios republicanos como el de separación de poderes. Se han celebrado Webinars, conferencias, programas de opinión y otro tipo de encuentros virtuales para analizar los peligros que amenazan a la institucionalidad democrática del país.
El hecho que activó las alarmas de la comunidad internacional fue el desacato de las sentencias de la Sala de lo Constitucional por parte del Presidente Bukele. Aunque se ha repetido una y mil veces, vale la pena reiterar que la Sala no ha pedido que dejen de implementarse medidas sanitarias, ni establece directrices de cómo enfrentar al coronavirus, ni mucho menos ordena que se deroguen disposiciones del Código de Salud. El máximo intérprete de la Constitución pide que las retenciones de personas que violan la cuarentena domiciliar estén respaldadas por ley expresa. Si las autoridades no atienden este mandato, las detenciones seguirán siendo ilegales y consideradas como una privación de libertad.
En las redes sociales abundan los reclamos de las personas que guardan cuarentena en los centros de contención. Siguen las protestas por el excesivo número de días que un individuo está obligado a cumplir en esos recintos. En general, la gente se queja por el silencio de los médicos y del personal que los atiende. El secreto y el misterio generan pánico y ansiedad y más aún en circunstancias tan angustiantes como las que sufren los retenidos por más de treinta días fuera de su hogar.
El Ejecutivo enfrenta un problema de dimensiones exorbitantes. Tiene que evitar la expansión del virus porque la realidad en otras naciones muestra que, una vez fuera de control, los sistemas de salud colapsan y las muertes se cuentan por miles. Para evitar esta catástrofe, el mandatario debe implementar una estrategia que compagine la contención de la COVID-19 con el respeto a los valores democráticos. Vivanco lo dijo claramente: la colaboración en momentos como este se consigue en democracia y no apelando a conductas autoritarias y revanchistas.
Los funcionarios hacen mal al catalogar la crítica y las discrepancias como desinformación. Por el contrario, la pandemia requiere del debate público entre los especialistas y el Gobierno. La gente terminará premiando liderazgos sólidos que atienden recomendaciones y no necesariamente se inclinará a comportamientos dictatoriales. Por eso es tan importante cuidar que el ejercicio del poder en esta crisis no sea absoluto e irresponsable.
Al final la buena o mala gestión de la pandemia dependerá, además de la eficiencia de los servicios públicos, de la vocación democrática de los presidentes.
Doctor en Derecho y politólogo.