Durante los años 60s del siglo pasado, el concepto de actitud concitaba un gran interés en las investigaciones realizadas en psicología social. Por actitud se entiende la reacción evaluativa favorable o desfavorable hacia algo o alguien que se manifiesta en nuestras creencias, sentimientos y conductas; es decir, una predisposición aprendida de la persona para evaluar positiva o negativamente el objeto de la actitud. Todos, todas, tenemos actitudes. Es importante resaltar que la actitud tiene tres componentes: uno cognoscitivo (lo que usted sabe o cree acerca del objeto en cuestión), uno afectivo (le agrada o le desagrada) y uno conductual (¿Cómo se comporta usted ante el objeto en cuestión?). Pongamos dos ejemplos: la puntualidad y el racismo.
Si usted cree que la puntualidad es importante pues le permite hacer mejor uso de su tiempo y respetar el tiempo de los demás (cognoscitivo), probablemente llegará puntual a sus citas (conductual), y tendrá en poca estima a las personas impuntuales prefiriendo a las puntuales (afectivo). Usted tendrá actitudes racistas si cree que, porque una persona tiene los ojos rasgados de una determinada manera y la piel de un color específico, entonces esa persona tendrá una manera de ver el mundo y determinadas conductas o aspectos del carácter que lo confirman como miembro de ese grupo. Así mal pensaron los nazis de los judíos y se equivocan algunos blancos respecto de los negros. Muchos de nuestros compatriotas diseminados por el mundo sufren discriminación en sus países de acogida por el solo hecho de haber nacido en El Salvador, tener la piel morena, el pelo crespo y negro, hablar con la “j” y tener que asumir la triste publicidad que nos antecede.
Respecto de la legalidad también tenemos actitudes. Si usted tiene una actitud favorable a la legalidad, tratará de acomodar sus actos a lo que las leyes permiten y no gustará de aquellos individuos que, escondidos en las sombras o actuando sin vergüenza a la luz del día, las contravienen o acomodan para su propio beneficio. Por dura que sea, por mucho que duela, quienes se comportan al margen de la ley tendrían que asumir las consecuencias de sus actos. Pero si, y solo si, los actos que se les imputan realmente están tipificados, fuera de toda duda, al margen de la legislación vigente en un momento dado.
Los funcionarios públicos son, de entre todos, los que más apegados a la ley deben mantener su comportamiento, pues las consecuencias de infringirlas son más notorias y tienen efectos sobre todos los demás ciudadanos que formamos el cuerpo social. De hecho, a diferencia de nosotros los de a pie, que podemos hacer todo lo que las leyes no nos prohíban; ellos (y ellas, si cupiera alguna duda) no pueden hacer más de lo que la ley les permite y de la forma en que ella se los indique. El mismo ordenamiento social ha determinado los procedimientos que deben seguirse para imponer el acatamiento de la ley e instancias a las que acudir en caso de duda. No todos conocemos el ordenamiento legal vigente, pero hay personas que se pasan años enteros estudiando las leyes que rigen para un determinado país, en un tiempo dado. Además, como las leyes nunca son perfectas, en nuestro ordenamiento legal, según entiendo, son los jueces únicamente quienes tienen la alta y noble misión de determinar, a la luz de las evidencias en el caso concreto, si alguien ha transgredido o no la ley. No los fiscales, ni los diputados, ni ningún otro funcionario.
Yo también era de los que creía que samotana se escribía con z. Ahora que lo busqué para estar seguro, resultó que estaba errado y que se escribe con s. Pan para mi matate. Es lo que hemos vivido esta semana en El Salvador, un alboroto, un desvergue (“desorden, zafarrancho, alboroto” según el “Real diccionario de la vulgar lengua guanaca” de Joaquín Meza, 2008). Creo que nadie en su sano juicio (en el supuesto que lo tenga) querrá defender lo que no se debe defender, pero tampoco creo que se pueda vulnerar la ley con la intención de querer hacer que se cumpla. Y por eso temo: no ha sido el respeto a la legalidad la virtud más restallante de estos últimos años. Más bien podría decirse lo contrario: la falta de respeto a las leyes vigentes y algunas de las últimas normativas aprobadas por la actual legislatura restan verosimilitud a la justicia de las acciones últimas.
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