La libertad de expresión nos brinda la oportunidad de decir casi cualquier cosa sobre todos los temas existentes, con el único límite de no afectar los derechos de los demás. Las redes sociales han abierto las puertas para que las opiniones lleguen a más personas y las discusiones se amplíen hacia diferentes perspectivas. Todos tenemos la misma oportunidad de expresar nuestras ideas y ejercer la defensa de nuestros temas de interés.
Uno de las cuestiones que más ha preocupado a un sector de la población es la defensa de la institucionalidad y de la República. Se ha abogado y defendido la separación de los poderes del Estado, el respeto a la división de poderes y el ejercicio de las distintas competencias dentro del marco de la Constitución y las leyes. En el transcurso de esta década, los funcionarios del Ejecutivo y Legislativo han aprendido a respetar las decisiones que emanan del Judicial, se ha impulsado el desarrollo de instituciones clave en la lucha contra la corrupción como el Instituto de Acceso a la Información Pública y desde diferentes ámbitos se ha buscado fortalecer las instituciones estatales.
La defensa de la institucionalidad pasa por exigir a los funcionarios el cumplimiento de las responsabilidades que la Constitución y las leyes les han encomendado en el ejercicio del cargo, en apego al principio de legalidad y respetando los derechos de los ciudadanos. Si algo ha avanzado nuestra institucionalidad ha sido con el apoyo e impulso de las voces ciudadanas que critican, proponen y exigen.
Ahora bien, la defensa de la institucionalidad y la República también pasa por exigir acción a las instituciones encargadas y responsables de cumplir con mandatos constitucionales y legales específicos. Por ejemplo, a la Asamblea Legislativa hay que exigirle que legisle en temas necesarios y urgentes; al Tribunal Supremo Electoral hay que exigirle actúe como máxima autoridad en materia electoral, y así con cada institución.
Sin embargo, algo muy recurrente es atribuir responsabilidades a quien no tiene facultad de realizar ciertas acciones. Por ejemplo, no ha faltado quien responsabilice a la Sala de lo Constitucional de una reapertura económica desordenada, cuando quienes participan en el proceso de formación de ley y tienen el deber de llegar a acuerdos en favor del país son la Asamblea Legislativa y el presidente de la República.
En protestas se ha señalado a la Asamblea Legislativa de no brindar insumos de bioseguridad a los médicos que han luchado en primera línea en esta pandemia, cuando es la cartera de Salud Pública la encargada de las políticas de salud y de garantizar la seguridad y trato digno del personal sanitario.
Y muchos exigen a la Fiscalía General de la República la fiscalización y control de los recursos del Estado, cuando es atribución de la Corte de Cuentas la detección de desviaciones, ocultamientos, ineficiencias o malversaciones de fondos públicos, así como de realizar las auditorias correspondientes para posteriormente deducir las respectivas responsabilidades civiles, administrativas y penales.
La ciudadanía en general no está en la obligación de saber cuestiones de Derecho o conocer cómo deberían funcionar las instituciones del Estado. Pero para emitir una opinión informada hay que tomarse unos minutos para indagar e informarse, pues frecuentemente se comete el error de exigir a funcionarios acciones sobre temas que no les competen por ley. Y a la larga, esto termina generando desinformación.
Recordemos que cada institución y órgano del Estado tiene facultades limitadas por la ley. Tienen parte del control del poder, pero no todo. No pueden usurpar funciones y tampoco delegarlas. Los linchamientos mediáticos ya están a la orden del día, manejados por maquinarias cibernéticas de desinformación, como para que los ciudadanos nos sumemos a ello. Es lamentable escuchar a analistas o profesionales realizando afirmaciones que lejos de orientar o aclarar, desinforman. Las opiniones informadas requieren sustento, no hígado.
Abogada constitucionalista.