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RIP por la Constitución

Los constituyentes pusieron varios "seguros" que garantizaban su respeto. Cuando lo hicieron pensaban en amenazas externas. No previeron que las peores amenazas surgen del interior de las instituciones; de aquellos que se valen de ellas para llegar al poder, y una vez instalados las minan y las hacen estallar desde adentro. 

Por Carlos Gregorio López Bernal
Historiador

Desmantelar el Estado de Derecho es vital para avanzar en una agenda populista, independientemente si se trata de populismos de izquierda, de esos que insisten en llamarse revolucionarios, o populismos de derecha, como los que se viven acá, en Argentina o Estados Unidos. En cualquier caso, la Constitución y la separación de poderes son obstáculos que hay que derribar, especialmente si se aspira a perpetuarse en el poder. El populismo no es un fenómeno nuevo, pero tiene la capacidad de mostrarse novedoso y disruptivo; en su vertiente de derecha combina rasgos con lo que Nastacha Strobl llama "conservadurismo radicalizado", fenómeno que ha tomado fuerza en Europa y Estados Unidos.

En El Salvador la deriva populista se venía impulsando desde hace rato, pero no fuimos capaces de detectarla a tiempo, o incluso visualizándola, se interpretó erróneamente. En este proceso fue clave la miopía compartida de la derecha y la izquierda, y cierto grado de ingenuidad de los estudiosos. Ejemplo de ese tipo de acciones fue lo acontecido el 9 de febrero de 2020, cuando el presidente se tomó la Asamblea Legislativa acuerpado por militares y policías. Se rechazó y condenó la acción, pero se le vio como un gesto impulsivo y teatral que se agotaba en sí mismo. Se hizo una parodia de investigación por la misma Asamblea, pero los diputados no se atrevieron a interpelar a quien debían, en lugar de eso, perdieron muchas horas interrogando a funcionarios que nunca iban a decir nada significativo y que simplemente seguían órdenes.

Pero los golpes más arteros al Estado de Derecho y la separación de poderes se dieron el 1 de mayo de 2021, cuando la nueva asamblea dominada por Nuevas Ideas y sus aliados, destituyó a la Sala de lo constitucional y al Fiscal, y nombró sus sustitutos sin seguir el debido proceso y en clara violación a la Constitución. Para completar la jugada, poco tiempo después se depuró el sistema judicial. Esa Sala nombrada exprofeso fue la que avaló la reelección presidencial.

Más tarde, y sin mucho ruido se reformó el artículo 248 de la Constitución que regulaba el modo cómo ésta podía reformarse. Dicho artículo requería que la reforma fuera aprobada por una Asamblea "con el voto de la mitad más uno de los Diputados", y debía ser ratificada por la siguiente Asamblea "con el voto de los tercios de los Diputados". Se suponía, además, que la reforma en proceso sería parte del debate en el proceso electoral del cual saldría la asamblea que debía ratificar, con lo cual se daba oportunidad a que el electorado tomara en cuenta esa cuestión a la hora de votar.

Pues no, era demasiado tiempo y demasiado engorroso. La reforma hecha permite que una misma legislatura apruebe y ratifique reformas constitucionales. Esa modificación permite cualquier tipo de cambio, incluidos aquellos que afecten derechos y garantías fundamentales. FESPAD lo dijo claramente: "La reforma del artículo 248 de la Constitución abre la puerta a la arbitrariedad, al abuso del poder, buscando fortalecer el poder absoluto".

Pues bien, el 29 de enero, la Asamblea ratificó dicha reforma. Una semana atrás, se comenzó a hablar de la necesidad de eliminar el pago de la deuda política a los partidos. Tema que obviamente tendría mucho apoyo entre la población poco informada; para hacerlo, era necesario ratificar la reforma al artículo 248, todo muy casual y conveniente. Lo que no se dice, lo que la población no entiende es que, con esa medida, la Constitución se ha degradado al nivel de cualquier ley, en tanto podrá ser reformada en el modo y momento que se le ocurra al ejecutivo. 

Obviamente, el oficialismo es consciente de la gravedad del tema y del rechazo que podría provocar, al menos en una parte de la población; aquella que todavía piensa, analiza y cuestiona la realidad del país. Pues bien, de nuevo casualmente, el mismo día 29 se anunció otra iniciativa, esta vez para el combate a la corrupción, otro tema sensible. La "Ley anticorrupción" es una propuesta realmente interesante, no por lo que intenta, sino porque refleja flagrantes contradicciones entre discurso y práctica gubernamental. Obligaría a los servidores públicos y sus familiares a presentar una declaración patrimonial, junto con su declaración anual de renta. Pues bien, ¿cuántos de los actuales funcionarios han cumplido con la disposición ya vigente? Esto es llover sobre mojado, la ley sobre enriquecimiento ilícito ya lo establece, que no se cumpla es otra cosa.

Pero lo más interesante es lo siguiente: se dará a la Corte de Cuentas "un mandato anticorrupción", con vínculo directo a la Fiscalía. Diría un campesino, esto es poner albarda sobre aparejo, con un agravante: implica a instituciones cuasi paralíticas, al menos en lo que a combate de la corrupción se refiere, que en otras cosas son muy efectivas. Además, en la Fiscalía funcionará un "Centro Nacional Anticorrupción", que tendrá "acceso en tiempo real" a diferentes bases de datos, con el fin de detectar actividades sospechosas. Quienes tenemos memoria pensamos de inmediato, ¿qué pasó con la CICIES? Fue cerrada por este gobierno en junio de 2021, cuando ya había avanzado en varias investigaciones que incluía a funcionarios del mismo gobierno e incluso había presentado casos que ya eran investigados por la Fiscalía. Todo eso se borró de un plumazo. ¿Alguien recuerda que cuando el presidente iba a depositar su cargo, previo a las elecciones, "ordenó" al fiscal que investigara a todos sus funcionarios? No hubo tales investigaciones, no pasó nada. ¿Qué nos garantiza la independencia del pretendido Centro anticorrupción?

Pero faltaba la cereza del pastel: se habilitarán "ventanillas de denuncia anticorrupción" para que la ciudadanía ejerza contraloría. Desde hace rato las encuestas de opinión y otros estudios dejan ver que el temor campea entre población y sobre todo en la burocracia estatal. La gente tiene miedo de hablar, miedo de protestar. No es plausible imaginar colas de ciudadanos en las tales ventanillas, no porque no haya casos que denunciar, que sobran. No lo harán simplemente por miedo, porque no hay confianza.

Si realmente hubiera interés en combatir la corrupción podrían hacerse dos cosas puntuales; primero, dar libre acceso a la información pública. Quien nada debe, nada teme dice el dicho popular, y segundo: ordenar a la Fiscalía que retome los casos que dejó abiertos la CICIES y abrir investigaciones sobre los casos que han revelado las investigaciones periodísticas en los últimos seis años. Tendrían material para trabajar un buen tiempo.

La propuesta en cuestión solo abre expectativas; la evidencia disponible muestra que no es lógico esperar nada extraordinario. El sentido común dice que esa iniciativa es simple distractor de opinión. La Constitución se dio 15 de diciembre de 1983. La Constituyente que la redactó estaba dominada por fuerzas políticas de derecha y centro. La izquierda no participó; estaba alzada en armas. Los constituyentes pusieron varios "seguros" que garantizaban su respeto. Cuando lo hicieron pensaban en amenazas externas. No previeron que las peores amenazas surgen del interior de las instituciones; de aquellos que se valen de ellas para llegar al poder, y una vez instalados las minan y las hacen estallar desde adentro. 

Requiescat in pace.

Historiador, Universidad de El Salvador

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