PUESIESQUE…acepto que soy ingenuo como niño de primera comunión y enfermizamente optimista en el ser humano. Así tenía lejana esperanza de que la incapacidad de la actual administración pública no fuese tan extendida, pero día a día la realidad se impone y nos demuestra que estamos en un proceso de institucionalización de la CAQUISTOCRACIA.
No piensen mal…a pesar del “sonido”, ese vocablo existe; fue construido por la unión de dos voces griegas, kakistos, “el más malo, el peor”, y kratos, “mandato o gobierno”, así que caquistocracia significa el “gobierno de los peores”. Tristemente, la actual administración presidencial está institucionalizando tal modelo político.
Como abogado constitucionalista ingenuamente pensé que solo en el ámbito jurídico era notoria la ausencia de capacidad técnica y de profundidad intelectual de la actual administración presidencial, pero como simple y llano ciudadano advierto que la crisis sanitaria está colocando en vitrina la incapacidad en otros ámbitos de la administración pública; ejemplo, improvisación en el manejo de los aspectos sanitarios de la emergencia (el Colegio Médico ha dejado en evidencia la deficiente gestión de la crisis); ausencia de planes de reactivación económica (en medio de una crisis económica que se extenderá y profundizará, a ver…hagan la prueba, así de memoria y en menos de un segundo: ¿cuál es el nombre del titular del Ministerio de Economía?); la ineptitud de la comunicación política, reducida a mensajes de confrontación, miedo, odio, amenazas de castigos e insultos; la inepcia para la negociación política, que buscan convertir en imposición; etc.
Pero limitándome al campo de mi formación y experiencia, comento que ¡está de miedo (convirtiéndose en terror)! lo que producen y declaran quienes gustan de llamarse “equipo jurídico de la Presidencia” (EJ-CAPRES): no logran elaborar un texto jurídico mínimamente admisible, ni siquiera lingüísticamente, menos jurídicamente.
Un ejemplo patente de las bastardías jurídicas generadas por el EJ-CAPRES es el espurio Decreto Ejecutivo No. 18 (DE 18), que a efectos prácticos buscaba “prorrogar” el Decreto Legislativo No. 593, contentivo de la ley que declaró estado de emergencia por la pandemia COVID-19.
Les cuento sobre el DE 18:
• El 16/mayo/2020, quien ocupa el cargo de Secretario Jurídico aseveró, en conferencia de prensa, que con el DE 18 “se mantiene justo la ley de emergencia como estaba redactada en su totalidad, solo es una réplica”: entonces, el asesor admitió, expresamente, que CAPRES estaba reproduciendo una ley, esto es, explícitamente declaró —“confesó”— que CAPRES estaba usurpando funciones de la Asamblea Legislativa.
• En esa misma conferencia, el asesor afirmó que en el decreto ejecutivo “se mantiene todos los señalamientos contenidos en el decreto 593, es decir, no se ha tocado una coma”: pues, les digo, en el DE 18 no solo “tocaron” comas, sino también punto y coma, puntos, palabras, frases, quitaron artículos, añadieron otros. Mmm…quizá hay problemas de lectura en EJ-CAPRES.
• En relación con el contenido del citado DE 18, se disponía una serie de reformas ¡a leyes!, como cambiar el alcance de subsidios de la seguridad social, establecer excepciones al régimen legal de compras estatales, acordar exenciones fiscales: en resumen, se buscaba gobernar por decreto ejecutivo y no por ley, ¡y el asesor del asesor defendía eso!
Por esas “joyitas jurídicas” es que siempre sugerí, humildemente, que CAPRES debía contratar abogados.
P.D.: hablando de equipos, si charlamos “en modo fútbol”, resulta que como los “titulares” de EJ-CAPRES —el asesor y el asesor del asesor— ya están más que “quemados”, perdieron toda credibilidad, han acudido a la “filial”, por lo que han “metido a la cancha” a un “asesorcito”, a quien en su debut público no le entendí nada y, además, rápido lo “vuelven a la banca”.
Abogado constitucionalista.