Para las elecciones del próximo noviembre había la expectativa de que fuesen “libres y justas en Nicaragua, en cumplimiento de sus compromisos y deberes fundamentales articulados en la Carta Democrática Interamericana”. Así se leía en la resolución que adoptó la Asamblea General de Cancilleres reunida en forma digital, en octubre del año pasado.
En esa resolución se establecieron las condiciones “esenciales y críticas” para que tales elecciones se consideraran “libres y justas”, y mucha tinta se vertió discutiendo las mismas. Obviamente, en el ambiente político de represión dictatorial que existe, ninguna de ellas se cumplió, empezando por la integración del Consejo Supremo Electoral (CSE) en forma abrumadoramente a favor del FSLN, que lo aleja “que funcione de forma totalmente independiente, transparente y responsable”, como lo pedía esa resolución.
Tampoco existe el “ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos de reunión pacífica y la libertad de expresión”, en situación que siete precandidatos presidenciales están presos, a la que se agregó la investigación por supuestos delitos e inhibición de la candidata a vicepresidenta del partido político Ciudadanos por la Libertad (CxL) que había decidido participar en las elecciones. También hay numerosos presos políticos más, y muchas personas con retención migratoria, cuentas congeladas y otras medidas represivas.
Tampoco existe “una auditoría independiente de las listas de votantes”, y consecuentemente “un registro de votantes transparente y efectivo”, y no existe “una observación electoral internacional independiente, fidedigna y acreditada”. Para los que han decidido participar en las elecciones, ¿ante cuáles autoridades conducirán los “procedimientos adecuados para la presentación de quejas sobre la conducción de las elecciones y sus resultados”, en caso que el “recuento y consolidación transparente de los resultados” no le satisfaga?
Las condiciones que exigía la OEA correspondían a la esperanza, frustrada ahora, de las elecciones como solución pacífica a la crisis de Nicaragua, que teníamos todos los actores nacionales (COSEP, el Ejército según sus comunicados, la Iglesia, la oposición) e internacionales (OEA, Unión Europea, etc). La participación en estas elecciones no invalidará la ilegitimidad de los resultados de la misma, como tampoco evitará el reclamo que se repitan las elecciones bajo condiciones que satisfagan elecciones verdaderamente libres y democráticas, incluido el procedimiento vigente que únicamente tienen personería jurídica los que el gobierno considere apropiados, porque el “registro abierto de nuevos partidos políticos”, como dice la resolución que comentamos, deberá estar en vigor.
El gobierno de Ortega es alentado porque los niveles de represión política no guardan simetría con las condiciones económicas que, aunque resentidas por la crisis política, no se han deteriorado en la misma magnitud. Pero si persiste la crisis política, inevitablemente se deteriorá la situación económica. Este es el escenario que tenemos hacia adelante, en circunstancias de la advertencia que hacía Tomás Borge a Daniel Ortega que “podemos pagar cualquier precio, digan lo que digan…digan lo que digan, hagamos lo que tengamos que hacer…el precio más elevado sería perder el poder…”.
Quienes aún respaldan al gobierno, ¿estarán dispuestos a pagar ese costo económico, político, institucional, para que la dictadura se mantenga en el poder y se evite elecciones democráticas? El costo económico que ahora no se ve se pagará en el futuro.
Las elecciones del 7 de noviembre eran, bajo condiciones que no se cumplieron, un punto de llegada para la solución de la crisis. Ahora serán el punto de partida para la profundización de la crisis.
Economista y analista nicaragüense/Twitter: @mundoj1
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