No; no sirve para absolutamente nada. Y me encantaría terminar aquí mi columna, con esta respuesta tan rotunda como sensacionalista; sin embargo, considero más que oportuna la oportunidad de ahondar en este tema.
Me han llegado varias personas con la duda, así como he visto en redes sociales que las personas se preguntan lo mismo: si tenemos una Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural, ¿por qué se puede destruir patrimonio sin que eso suponga un correctivo ejemplar?
Básicamente porque “hecha la ley, hecha la trampa”: quien maneja las leyes puede interpretarlas a su antojo, de tal manera que puedan ser entendidas a medida del entendimiento del gobernante.
Si así se considerasen, por tanto, las leyes de patrimonio, no hay mecanismo legal que permita su correcta implementación, lo que significa que el Patrimonio Cultural está a merced de los gobernantes. Propongamos un escenario hipotético e imposible donde llegasen a considerar agravios tales como destruir el Tazumal. Tendríamos más bien pocas soluciones y poco se podría hacer desde la ley.
Convengamos que, a fecha de la publicación de esta columna, los agravios contra la cultura aumentan ante la pasividad y quietud de un pueblo que está acostumbrado a que lo “viejo debe de ser desechado” y se fascina antes la brillantez de los neones: una sociedad de fácil sumisión por la falta de pensamiento crítico. Esta lamentable cualidad tiene como responsables últimos, a los gobiernos de turno que nunca han visto en la Educación la fuente de fortaleza, prosperidad y alza social.
Una sociedad con acceso libre a la cultura (por acceso me refiero al esfuerzo de las autoridades por proporcionar medios necesarios para disfrutarla y no solo soltar morralla cultura, así como proporcionar educación cultural) siempre detallará en sus intereses primordiales y sociales, el consumo cultural. Una sociedad con acceso libre a la cultura no se mantendría pasiva ante la destrucción de la Biblioteca Nacional y del Cine Libertad, la reinterpretación del Palacio Nacional o la presunta destrucción del Hospital Rosales.
Me permito razonar satíricamente diciendo que cuán sabio es Dios que no nos hizo tener en tierras cuscatlecas el Partenón o el Coliseo, porque capaz se iban en la colada durante la “renovación” del Centro Histórico.
En El Salvador, el irrespeto y la desprotección del patrimonio se ha convertido en la única ley predominante. Y lo que más me aterra es que, muy probablemente, estos atropellos a la cultura nacional, no provengan desde la pura maldad; sino desde la ignorancia más flagrante. Dejando en manifiesta evidencia que el problema viene desde la comprensión de la cultura.
El patrimonio cultural es, sin dudas, el elemento más valioso pero más frágil de una sociedad. Se puede pisotear fácilmente y se puede destruir con pasmosa celeridad. No hay razón para pensar que la cultura sepa defenderse: porque hasta donde tengo conciencia, ni los libros, ni las pinturas, ni las estatuas, ni los edificios tienen la capacidad de hacerlo. Los profesionales de las artes, sí. Somos nosotros los que debemos defenderla, incluso si nadie lo solicita.
Creo que queda bastante claro y no amerita mayor explicación: la Ley Especial no asegura la protección al patrimonio cultural. Es una Ley que está archivada y no se consulta; y de hacerse, no se respeta o se malinterpreta. Queda en manos del pueblo salvadoreño y de nosotros, los expertos culturales, la exigencia a los gobernantes que dejen de destruir nuestro Patrimonio, o sea nuestra historia e identidad. Es una lucha en favor de nosotros como salvadoreños.
Curador independiente/escritor