Perdidos en un laberinto jurídico

La Sala de lo Constitucional determinó que es un fraude a la Constitución el hecho de reformar o derogar la norma pero reproducirla en otro texto, por lo que el Supremo Tribunal debía por tanto conocer el caso.

Por Maximiliano Mojica
Abogado, máster en leyes

May 11, 2020- 21:07

Luego de la derrota de Atenas en la guerra contra Minos, el Rey de esa ciudad-estado impuso a los atenienses como tributo el envío, cada nueve años, de siete doncellas para ser devoradas por el aparentemente pícaro y muy hambriento Minotauro, un mítico ser mitad hombre y mitad toro que habitaba en un inextricable laberinto que perdía a las almas que entraban en él.
Algo así nos tiene CAPRES, que ha emitido no menos de cincuenta decretos ejecutivos durante la cuarentena, lo cual ha hecho que tanto legos como expertos en Derecho deambulen perdidos en impresionante —y a veces terrorífico— laberinto legal al que difícilmente se le encuentra entrada… o salida
Hay decretos que contradicen a los anteriormente emitidos. Otras veces los reforman, otras los derogan. Si viviéramos en la Grecia antigua, consideraríamos a los funcionarios de CAPRES como inquietas deidades que se ceban en los sufridos mortales, mientras ríen entre roncas carcajadas.
Muestra de lo anterior es el Decreto Ejecutivo #24 emitido el sábado 9 de mayo y dado a conocer en un tuit de la 1:00 a.m. del domingo 10 de mayo, en que celebramos el Día de la Madre en El Salvador.
El Decreto de marras deroga los Decretos Ejecutivos #22 y #23, promulgados tan solo unos días atrás. Siendo que el Decreto #22 —ahora de grata recordación— fue modificado en su texto dos veces el mismo día. Si el gran abogado Cicerón viviera, seguramente ya se hubiera suicidado.
Pero ¿porqué tanto relajo? Acá te lo explico. Los ciudadanos Dr. José Miguel Fortín y Héctor Menjívar interpusieron, el pasado 7 de mayo, demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional respecto al Decreto Legislativo #639, y los Decretos Ejecutivos #22 y #23 que son su consecuencia, los cuales contenían claras violaciones a los derechos constitucionales de los ciudadanos al restringir su movilidad y libertad personal, y al ordenar que se les sometiera a internamiento en centros de cuarentena en forma ilegal; eso sin mencionar el cierre ilegal y arbitrario de negocios como el de los “churritos” y la cerveza.
Para mayor sufrimiento de los abogados descubrimos que el Decreto Ejecutivo #24 era una simple reproducción (casi literal) de los decretos #22 / 23 emitidos por el Ministerio de Salud, conservando, en consecuencia, la mayoría de los vicios de inconstitucionalidad de éstos, abusando de esa forma de la buena fe del Órgano Judicial y de la ciudadanía, ya que por un lado dice que “deroga” y por otro promulga lo mismo otra vez.
Si lo anterior fuera poco, el Ministerio de Salud se limitó a “publicar” el Decreto Ejecutivo #24 en Twitter a la 1:00 a.m. y no en el Diario Oficial, por lo que jurídicamente no está vigente hasta que dicha formalidad se cumpla. Aunque a veces no parezca, en El Salvador tenemos leyes y éstas se deben cumplir.
No obstante tan burdo intento de manipular la justicia por parte de CAPRES, la derogatoria de los Decretos Ejecutivos #22 / 23 y su sustitución por el Decreto Ejecutivo #24 no afecta EN NADA las ya varias demandas de inconstitucionalidad presentadas. Constitucionalistas como Enrique Anaya sostienen que en el proceso de inconstitucionalidad se examina la norma en sí, no si ésta está incluida en un artículo o decreto determinado.
Los vicios inconstitucionalidad de los Decretos Ejecutivos #22 y 23, por tanto, han “contaminado” al #24, el cual debe, en consecuencia, formar parte análisis de la Sala de lo Constitucional que ha emitido jurisprudencia sostenida por más de 20 años, que si la norma impugnada persiste, a pesar de que se le cambie número o denominación al artículo, o se le “pase” a otro decreto, el proceso continúa y el tribunal debe tomar decisión.
De hecho, la Sala de lo Constitucional determinó que es un fraude a la Constitución el hecho de reformar o derogar la norma pero reproducirla en otro texto, por lo que el Supremo Tribunal debía por tanto conocer el caso.
Conclusión: El Decreto Ejecutivo # 24 es simplemente una nueva violación a Constitución que este gobierno está cometiendo de forma sistémica con excusa de combatir la pandemia del COVID-19 y desmontar así la estructura republicana de nuestro sistema político. Ahora si creo que es válido decir: que Dios nos proteja.

Abogado, máster en Leyes.@MaxMojica

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