Hace solo unos días, a través de unas declaraciones de ANEP en una conferencia de prensa convocada juntamente con el secretario privado de la presidencia, pareció que al fin llegaríamos al final de la cuarentena y que la futura participación de ANEP en varios aspectos del manejo de la pandemia (como, por ejemplo, el diseño de los protocolos de trabajo en una economía liberada de la cuarentena) introduciría un poco de orden en el caos actual. Además, el gobierno pediría autorización a la Asamblea para endeudarse en $1,000 millones más para subsidiar el pago de los salarios de las empresas pequeñas y medianas. La obligación de pagar el impuesto sobre la renta se prorrogaría varias semanas.
Había dos cosas extrañas en este nuevo amanecer del país. Una, que todas estas cosas que el gobierno iba a hacer las anunció la ANEP, no el gobierno. En su intervención, el representante del gobierno no dijo nada de ellas, sino más bien que jamás se había hablado de un cierre total de la sociedad. Dos, que, con una sola excepción (la prórroga del pago del impuesto sobre la renta), lo único concreto que se mencionaba que iba a pasar inmediatamente era que, en vez de empezar a desmantelarse, la cuarentena se mantendría por dos semanas con la emisión de una ley que llenaría los requisitos impuestos por la Sala de lo Constitucional.
Un par de días después la Asamblea aprobó la ley que se había anunciado, pero, en vez de relajar las condiciones cada vez más autoritarias de la cuarentena, abrió más las puertas para violar más flagrantemente los derechos constitucionales, llegando al extremo de ser indistinguibles de lo que supuestamente nunca iba a pasar, un cierre total de la sociedad. La ley fue aprobada con el apoyo de ARENA, que había estado quejándose de las violaciones a la Constitución cuando dichas violaciones eran mucho menores que las que ellos mismos aprobaron con esta ley. Varios abogados e instituciones hicieron notar que la nueva ley era en realidad una cortina de humo, porque, a pesar de ser emitida por la Asamblea, seguía siendo inconstitucional por varias razones bastante obvias. Pero mucha gente siguió pensando que esta ley duraría sólo dos semanas y sería aplicada con mucha suavidad. Al fin y al cabo, el gobierno había hecho una alianza con ANEP y ARENA. ¿O no?
Todo esto desembocó en una ola de indignación el miércoles cuando el presidente, que hasta ahora no había hecho nada (todo se había platicado con sus hermanos), hizo dos cosas. Primero, vetó la prórroga del impuesto sobre la renta. Segundo, comenzó a imponer medidas que, lejos de suavizar el encierro de la población, lo han empeorado, volviéndolo total (como, por ejemplo, paralizando el transporte público). Allí si hubo indignación. Se volvió evidente que el gobierno estaba haciendo todo lo contrario de lo que ANEP y ARENA habían dicho que el gobierno haría. Pero, sin dudar de la palabra de ellos, uno no puede dejar de notar que el gobierno mismo nunca dijo que lo haría. No públicamente. Y si lo dijeron los hermanos del presidente, ellos no tienen poder para comprometer al gobierno. ANEP y ARENA entregaron su apoyo al empeoramiento de la inconstitucionalidad a cambio de nada.
Tampoco puede dejarse de notar que, en todo caso, las acciones que supuestamente habían acordado no se dirigían a resolver el problema fundamental del país: su rendición acelerada a una tiranía. Aun si esos acuerdos se hubieran cumplido, ese problema allí estaría. Lo que se hubiera logrado hubiera sido definir el tipo de tiranía que tendría El Salvador: una como la de Ortega en Nicaragua, en donde las gremiales apoyaban al tirano a cambio de una cuota de poder en lo económico. La economía se hubiera abierto, pero los métodos tiránicos habrían quedado igual.
Al descartar olímpicamente a ANEP y ARENA, el presidente les mostró que no vamos hacia una dictadura como la de Nicaragua, sino hacia una como la de Maduro en Venezuela o de los Castro en Cuba, en donde el sector privado ha sido aniquilado, tal y como está pasando aquí pero más rápido. En quince días más, el país estará de rodillas, sin posibilidad de defender sus derechos. Peor estará después de las prórrogas que vendrán. Es hora de que ARENA, ANEP, y todas las personas en el país enfrentemos este, que es el problema más serio que tenemos.
Máster en Economía
Northwestern University