"Mi fe no es tu propaganda” rezaba uno delos carteles que se alzaron en la marcha del 2 de mayo de este año por los acontecimientos ocurridos en el 1M. Nuestra Constitución, en el artículo 25, reconoce la libertad de los individuos de profesar la religión que prefieran; asimismo, proclama el principio de no confesionalidad del Estado o de neutralidad religiosa. Esto quiere decir que en el país no existe una religión estatal u oficial.
Según una encuesta pública por Statista, en 2018, el 72.2% de la población salvadoreña eran creyentes, ya sea del catolicismo, protestantismo u otras religiones. Independiente de la religión que se practique, o por qué se practique, lo relevante de estos datos es el predominio de la creencia en un ser supremo, en un Dios.
Son muchos los principios consagrados en nuestra Constitución, uno de ellos el de laicidad, que se utiliza para denominar a un Estado que funciona de manera independiente de cualquier confesión religiosa y en el cual las autoridades políticas no se adhieren públicamente a ninguna religión determinada; por tanto, tales creencias no deberían influir sobre la vida política nacional. Un Estado laico, desde un sentido estricto, supone una nula injerencia de cualquier organización o confesión religiosa en el gobierno de un país, ya sea el Poder Legislativo, el Ejecutivo o el Judicial.
Aquí es vital entender la religión, debido a que sus antiguas enseñanzas ejercen efectos importantes y detallados sobre los juicios morales de las personas.
En otras palabras, la religión va a influir en lo que las personas consideren bueno versus lo que consideren malo. Hoy en día, invocar a Dios para justificar una decisión política se ha convertido en un claro mecanismo de influencia en las personas, lo cual resulta altamente efectivo si el mayor porcentaje de la población es creyente. Es por eso que no habría que descartar que esta puede ser una de las razones de la conformidad que muestra el país ante las actuales políticas públicas.
Del mismo modo, no se puede perder de vista que, si un Estado está arraigado a la religión, es posible que ralentice progresos en temas como la protección a derechos de personas homosexuales o transgéneros, así como derechos de las mujeres, pues se ha demostrado que la religión es uno de los factores que sigue perpetuando el machismo hoy en día. Es así como tampoco se puede perpetuar una religión expresamente en un Estado que se declara laico, pues, si bien El Salvador se considera un país creyente por mayoría, también existe un porcentaje de la población que se considera no creyente y, así sea una minoría, los funcionarios deben respetarla.
Por último, como persona creyente, recurrir a mi fe se vuelve algo muy personal y me resulta ofensivo e incómodo que utilicen mis creencias como instrumento de manipulación, de justificación, y de influencia en las mayorías. Espero no ser la única que se siente así. Hago una extensa invitación para cuestionar las razones por las que las acciones políticas recurrentes nos parecen buenas, pues, en realidad, puede existir un trasfondo ajeno a la política. Nuestra fe no es propaganda de nadie.
Kelly Cruz
Estudiante de Licenciatura en Ciencias Jurídicas
Club de Opinión Política Estudiantil (COPE)