El título de este artículo lo tomamos del poema “El entierro de los Muertos”, del escritor T.S. Eliot. Hoy se cumple otro aniversario de la crisis y masacre en abril de 2018, y desde este artículo deseamos unirnos al dolor de tantas familias, y a la indignación por las causas de la crisis, que se pudo evitar si Ortega hubiese mantenido la democracia que desde el gobierno de Violeta Chamorro estábamos construyendo.
Esa crisis aún continúa, y como veremos después, la dictadura sigue echando más causas a la misma. En el libro “Nicaragua, el cambio azul y blanco”, el primer capítulo se titula precisamente “Inevitabilidad de la crisis”. Y todo el libro, desde diversas perspectivas temáticas -fraudes electorales, seguridad, derechos humanos, economía, aspectos legales y derechos sociales- analiza cómo, desde que Ortega inició su gobierno era inevitable, pero no la matanza contra protestantes pacíficos.
En el libro se cita lo siguiente: “La indiferencia con la cual muchos nicaragüenses reaccionan frente a los abusos represivos -con motivo del asesinato político del campesino Andrés Cerrato dos años antes de la crisis- en algún momento termina. Entonces, de las “operaciones limpieza” selectivas, como bien lo ha recordado con inigualable valentía la Presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, se deriva a masacres colectivas”. Eso escribimos en La Prensa en abril de 2016. Y lamentablemente eso ocurrió en abril de 2018: una masacre colectiva de manifestantes pacíficos, como ocurrió en abril de 1954 con hombres que huían después de una rebelión armada contra la dictadura de Somoza
Hasta poco antes del estallido de la crisis existía gran complacencia nacional e internacional con Ortega. Había respetado la economía de mercado -que se ha universalizado desde el fin del conflicto entre comunismo y capitalismo y la conclusión de la Guerra Fría- manteniendo el crecimiento económico. En ese contexto, y aunque el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) mantenía su agenda técnica-económica y la institucional-democrática, ésta terminó postergada. También había complacencia internacional, simbolizada por Estados Unidos, pues Nicaragua no representaba una amenaza a ninguna de las prioridades de su política exterior, habiendo finalizado la Guerra Fría. Así, por ejemplo, solamente el 7% de los centroamericanos que emigran a Estados Unidos proceden de Nicaragua.
Desde el estallido de la crisis, en todos los sectores nacionales e internacionales que se oponen a Ortega por su masiva violación a derechos humanos, existía la expectativa de solución pacífica en las elecciones de noviembre próximo. Esas expectativas han sido echadas al basurero por el proyecto de reformas electorales, las cuáles se oponen a los términos y espíritu de la resolución de la Asamblea General de la OEA sobre esas elecciones. El proyecto, como tal, es una invitación a más sanciones internacionales.
Hay una conexión directa entre el fraude de las elecciones de 2011, cuando Fabio Gadea Mantilla fue candidato a Presidente y la exclusión general de la oposición democrática en las elecciones de 2016, y el estallido de la crisis y masacre de 2018. Amaya Coppens, de las principales dirigentes de la rebelión cívica en abril, en una declaración a La Prensa, dijo: “Sí había inconformidad. Se sentía incluso en las votaciones que algo no andaba bien y que eso no era lo que queríamos. Incluso sabíamos quiénes iban a ganar antes de que dieran los resultados”.
Por eso decimos, que el proyecto de reformas electorales que Ortega presentó a través de sus diputados esta semana en la Asamblea Nacional, es leña para el fuego de mañana.
Economista y analista nicaragüense, excandidato presidencial por el Movimiento Renovador Sandinista/Twitter: @mundoj1