la semana pasada señalábamos que la creciente represión y proyectos de ley que penalizan a la oposición, parecían indicar que Ortega había “descartado cualquier atisbo de negociación, directa o indirecta”, al ser esa la respuesta a las demandas nacionales e internacionales para que las elecciones de 2021 se realicen en condiciones creíblemente democráticas.
Y, a la vez, indicábamos que los militantes y empresarios del FSLN, y organizaciones desde el Estado como el Ejército que institucionalmente han respaldado una salida pacífica de la crisis política, deberían entender que las consecuencias económicas y otros resultados de cancelar la opción pacífica-electoral, no solamente afectará a la oposición, sino a toda Nicaragua de la que ellos forman parte.
La resolución del Parlamento Europeo esta semana pidiendo a la Unión Europea que revise el Acuerdo de Asociación (ADA) con Nicaragua para aplicar la cláusula democrática es una señal que no puede ser menospreciada porque la misma no es obligatoria o vinculante para los gobiernos de ese continente. Lo significativo es que todos los grupos parlamentarios, sin excepción, de diferentes filiaciones políticas, algunos en el gobierno, respaldaron la resolución. Esto sin duda traslada la imagen, para quienes aún respaldan a Ortega, del clima de opinión pública internacional que existe sobre su régimen, en circunstancias que los países europeos, con un rebrote de la pandemia, se han ocupado de Nicaragua.
Hay que recordar que Somoza, dos años antes del triunfo de la revolución, no se pudo imaginar qué en un continente plagado de regímenes militares se reconociera, en la Organización de Estados Americanos (OEA), a la Junta de Gobierno que lo reemplazaría, y que meses antes, habiendo visitado personalmente a los gobiernos militares de El Salvador, Honduras y Guatemala, le negaron la ayuda que solicitaba para su sobrevivencia en el poder. Similarmente, en el régimen de Ortega convergen más y más presiones, siendo inseparables a partir de ahora las personales de las que afectan a instituciones y al país, porque al parecer no han sido suficientes las personales.
Hace dos días La Prensa publicó las dificultades que enfrenta el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el único, por cierto, de las entidades multilaterales que le continúa otorgando financiamiento al régimen de Ortega, para desembolsar un préstamo que otorgó por la pandemia para las medianas, pequeñas y microempresas. Independientemente de la pandemia y de las dificultades que a su vez tienen los bancos del sistema financiero, cuya tasa de riesgo sobre los créditos otorgados se han incrementado varias veces, debe entenderse que la causa fundamental de la contracción económica está en la crisis política que estalló en 2018, pero cuyas causas se habían venido acumulando desde que Ortega interrumpió y revirtió el incipiente proceso democrático, e implantó un ofensivo sistema de partido único, con algunos partidos colaboracionistas.
¿Es acaso inevitable otra transición catastrófica, para recuperar ese proceso interrumpido de construcción democrática? Recordemos las transiciones de Zelaya y Somoza, que terminaron en intervenciones, insurrecciones y guerras civiles que nos hicieron retroceder décadas en crecimiento económico. Hoy, con la contracción económica, ya hemos retrocedido varias décadas en ingreso per cápita, en dólares constantes, pero no ha existido destrucción de activos y otras causas de postración económica permanente.
En pocos días se realizará la Asamblea General de la OEA, que sin duda reiterará las condiciones mínimas para que en las elecciones de 2021 se resuelva nuestra crisis política. A su vez, poco después terminará el proceso electoral de los Estados Unidos, que desde estas páginas hemos apreciado otra de las consideraciones para que Ortega retarde las reformas electorales.
Como hemos visto por el Parlamento Europeo y la OEA, los plazos no son indefinidos. Pensar en la represión como recurso de estabilidad a largo plazo, resultó efímero para Somoza y resultará fugaz para Ortega.
Economista y analista nicaragüense, excandidato presidencial por el Movimiento Renovador Sandinista (MRS).