Tolerancia mutua y contención institucional

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Feb 26, 2020- 18:22

Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, ambos profesores de la Universidad de Harvard, escribieron en 2018 el libro: “Cómo mueren las democracias”. Los autores hacen una descripción de los hechos que descarrilan a las democracias, que debilitan sus barreras de protección y que desmantelan a los sistemas políticos. Sostienen que esta combinación de factores desencadenó la asunción del Presidente Trump a la Casa Blanca.

Si bien concentran su investigación en la democracia estadounidense, también presentan una serie de casos en los que se muestran los métodos empleados para destrozar los principios del republicanismo en ciertas regiones del mundo. La obra explica los síntomas que reflejan las democracias cuando son sometidas a conductas autoritarias por parte de sus respectivos gobernantes.

Entre los temas tratados, llama la atención el abordaje de lo que Levitsky y Ziblatt denominan “reglas no escritas de la política estadounidense”. En resumen, los cientistas políticos se refieren a dos preceptos: la tolerancia mutua y la contención institucional. Son normas de comportamiento que, en los Estados Unidos, han regido la actuación de presidentes, congresistas y senadores.

Permiten una convivencia civilizada entre los actores políticos y evitan crisis que pueden producirse como consecuencia del abuso de poder o de la visión desfigurada con la que se caracterizan entre sí los adversarios políticos.

Sobre la tolerancia mutua, los autores señalan que una democracia es insostenible cuando los actores políticos no compiten para ganar poder sino para exterminar al que consideran su enemigo. El enorme peligro se encuentra en las acciones que toman quienes pretenden aniquilar a sus contrincantes. Lo hemos visto en Venezuela y en Nicaragua, con los presos políticos; y en algunos sistemas en los que se han destituido a los gobernantes a través de juicios políticos.

Este último mecanismo es un control establecido en las Constituciones que permite juzgar a un mandatario y acordar su separación del cargo. Algunos de los casos en América Latina, no obstante tratarse de un procedimiento regulado y que terminó con los golpes militares, considerados como interrupciones violentas del poder político, han sido manipulados y, según algunos politólogos, han configurado golpes desde el Legislativo hacia el Ejecutivo.

Por otra parte, la contención institucional tiene que ver con el uso racional de las atribuciones que las Constituciones otorgan a los distintos Órganos del Estado.

Es un freno que los políticos deben autoimponerse para no generar inestabilidad en el sistema político. Levitsky y Ziblatt advierten que “lo contrario a la contención es explotar las prerrogativas institucionales que se tienen asignadas de manera desenfrenada”. Se trata de utilizar esos poderes para “derrotar de manera permanente a los contendientes sin preocuparse por la continuidad del juego democrático”.

La tolerancia mutua y la contención institucional se encuentran vinculadas estrechamente. En la medida que se deteriora la primera puede activarse un uso desenfrenado de las facultades institucionales que la Constitución y la ley les conceden a los titulares de las instancias públicas. Cuando los que compiten por el poder se consideran mutuamente como una amenaza grave para su sobrevivencia, la democracia afronta peligros insospechados.

El 9F nos mostró una violación a la primera regla. La presidencia sobrepasó los límites de la tolerancia mutua. Alegando una pasividad extrema de los diputados -hecho real y manifiesto en ciertas áreas pero que no justifica las acciones del mandatario – el Jefe de Estado intentó descartar, para siempre, a los competidores políticos representados en los partidos de oposición.

En un sistema presidencialista como el salvadoreño, el titular del Ejecutivo no puede disolver a la Asamblea Legislativa ni esta última está legitimada por ley para “retirar la confianza” al gobernante y relegarlo de su cargo. Este tipo de controles existen en los sistemas parlamentarios, como el español donde, en 2018, prosperó una moción de censura aprobada por el Congreso de los Diputados en contra de Mariano Rajoy, apartándolo de la presidencia del Gobierno.

No está en discusión la responsabilidad legal que deben asumir aquellos a los que la Fiscalía General de la República y la Asamblea Legislativa les imputen tipos delictivos o un proceder indebido durante el 9F en contra de lo establecido en la Constitución. Ahora bien, esta etapa requiere de contención institucional. Quienes piensen que un antejuicio contra el ciudadano presidente es la solución, deben reflexionar sobre el impacto que ocasionaría esta resolución. Si bien tendría asidero constitucional, lo cierto es que quebraría la tolerancia mutua y la democracia salvadoreña entraría en una larga recesión.

Las interpelaciones, las causas legales ante la FGR y las destituciones de algunos funcionarios del gabinete, después de aplicar un debido proceso, es el camino institucional y político a considerar. Por lo demás, el Presidente haría bien en retomar el respeto hacia el resto de fuerzas políticas y luchar por sus ideales dentro del marco de la Constitución.

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