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Enrique Anaya: Jueces sin rostro en El Salvador

Ocultar el nombre y cargo de los juzgadores es una clara violación a elementales derechos humanos y constitucionales, como saber, con anticipación, quién es la persona que eventualmente conocerá y decidirá en un proceso judicial concreto.

Por Enrique Anaya
Abogado constitucionalista

PUESIESQUE… el sábado pasado estaba en mi labor de hacer cuajadas, cuando recibo la llamada de una amiga y me dice: “tengo que contarte sobre lo que han decidido en la Corte Suprema de Justicia”, a lo que inmediatamente contesté: “¡no!...no me cuentes ahorita de ese lodazal, que capaz, al por escuchar algo más de la podredumbre de la Corte, corto la leche y me salen mal las cuajadas. Te llamo más tarde”.

Y es que, como me enseñó mi tía y ustedes saben, al quebrar la leche, uno -además de tener las manos limpias- debe estar pensado y charlando sobre cosas buenas, porque así uno aprieta bien bonito para sacar el suero; de lo contrario, con las malas vibras capaz se chuquea el producto…je,je.

Al terminar de hacer las cuajadas, llamé a mi amiga y me contó: “La Corte dice que no dará información sobre los “nuevos” jueces, los nombrados de dedo a partir de septiembre del año pasado, porque es un riesgo de seguridad para esos jueces”.  Imagínense: con esa nueva -otra más- “chuquedad” de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), arruino las cuajadas y el requesón.

En seguimiento de esa charla sabatina, esta semana me compartieron la resolución de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Corte Suprema de Justicia (UAIP-CSJ), en la que, basándose en un memorándum de la Secretaría General de Corte Suprema de Justicia (SG-CSJ), niega información sobre nombramientos de “nuevos” jueces, cese y traslado de jueces, así como el listado actualizado de jueces y magistrados de segunda instancia.

La excusa para negar la información es un “poema” al más vulgar autoritarismo y a la más grosera opacidad, todo lo contrario a lo que debería suceder en un sistema judicial que se ajustara a las reglas más elementales de la democracia y la transparencia.

La excusa es: “Al respecto, informarles que he recibido indicación de la Dirección Superior sobre comunicarle la imposibilidad de proporcionar los listados solicitados, por considerarse que la información requerida podría significar un riesgo a la seguridad e integridad física de los funcionarios judiciales”.

Semejante pretexto para negar a la entrega de la información sobre jueces solo refleja, una vez más, la cobardía, la hipocresía y la indecencia que predominan y campean en la “actual” CSJ, a todas luces, la peor en la historia salvadoreña.

¿Por qué cobardía? Porque no tienen el valor de consignar, de modo explícito, la dependencia o persona que dio la orden de no entregar la información. ¿Qué diablos es eso de “Dirección Superior” de la CSJ?: ¿es la presidencia (así sea de facto o impuesta)? ¿fue Corte Plena? ¿o fueron uno o dos magistradxs que son quienes, según me cuentan, son los que hoy día mandan y se imponen en la CSJ? Y ello porque, como saben, desde el 8 de febrero de este año, el licenciado que usurpa funciones y despacho como presidente de la CSJ es un mero figurante, que no toma decisiones y, si lo intenta, no le hacen ni caso.

¿Por qué hipocresía? Porque desde hace quinquenios, la CSJ ha dispuesto que la información sobre los jueces es información oficiosa e, incluso, en el sitio web de la CSJ existe una sección en la que aparecen los nombres y cargos de supuestamente todos los juzgadores nombrados antes de septiembre de 2021, incluyendo los datos básicos de sus hojas de vida, pero ahora resulta que los jueces nombrados desde septiembre de 2021 están en riesgo y que, por lo tanto, la información es secreta. ¡Qué paja!

¿Por qué indecencia? Porque ocultar el nombre y cargo de los juzgadores es una clara violación a elementales derechos humanos y constitucionales, como saber, con anticipación, quién es la persona que eventualmente conocerá y decidirá en un proceso judicial concreto.

Con la decisión de la “Dirección Superior” de la CSJ, ocultando información sobre los “nuevos” jueces, lo que en realidad se hace es establecer en el país jueces “sin rostro” o de identidad secreta; figura sobre la cual, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dispuesto que viola “el artículo 8.1 de la Convención Americana, pues impide a los procesados conocer la identidad de los juzgadores y por ende valorar su idoneidad y competencia, así como determinar si se configuran causales de recusación, de manera de poder ejercer su defensa ante un tribunal independiente e imparcial”.

Tanta vergüenza tiene la CSJ los jueces que ella misma ha nombrado, que prefiere mantenerlos ocultos.

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