En El Salvador, la población no tiene confianza en la administración de justicia, lo que es comprensible, ya que aquélla presenta, en general y salvo destacadas excepciones, múltiples taras, como excesivo formalismo, pasmosa lentitud, impresionante ineficacia, ausencia de perspectiva de género, nepotismo, tráfico de influencias, ausencia de solidez académica y hasta, lamentablemente, graves sospechas de corrupción (al grado que un ex presidente de la Corte Suprema de Justicia ha sido procesado por acusación de enriquecimiento ilícito).
Frente a tales deficiencias, seamos francos, ninguna entidad estatal ha procurado afrontar dicha problemática, sino que todo se reduce a discursos hueros, infinitas consultorías que nadie aplica, pero no se cuestionan los aspectos estructurales. Así, por ejemplo, se crean competencias especializadas sin ton ni son, basadas en delirios personalistas de “querer dejar legado”, obviando datos empíricos, lo que produce previsibles distorsiones y conflictos de competencia.
Y lo peor: ante problemas tan serios, en lugar de propuestas serias y fundadas, soportadas en datos comprobables, escuchamos —desde muchos sectores— proposiciones que, dicho con todo respeto, no pasan ni la prueba de la risa, sino que más bien parecen fruto de alucinaciones ideológicas o desvaríos intelectualoides.
Así, recién me entero de que una asociación de empleados judiciales se reunió con el espurio Comité ad hoc para reformas constitucionales, con la espeluznante propuesta de reforma constitucional para —entre otras linduras— que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sea designados por el voto “popular” de la comunidad jurídica.
Esa idea ya la había planteado el partido FMLN, pero nunca se tomó en serio, porque se entendía que solo era un chiste de mal gusto, generado por su encono con la integración personal de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (SCn/CSJ) del período 2009-2018, al grado que no se planteó una propuesta específica de reforma constitucional.
Pero ahora es una asociación de empleados judiciales la que lo plantea, lo cual deja en evidencia la cooptación que el Órgano Judicial padece por parte de sindicatos y asociaciones, al grado que se producen despropósitos como la referida propuesta, una contradicción en sí misma, ya que para despolitizar la elección de magistrados de la CSJ, ¡proponen una mayor politización!
En efecto, la supuesta justificación para proponer el voto “popular” de la comunidad jurídica para elegir magistrados es superar el cuoteo político en la Asamblea Legislativa: hay que ser muy ingenuo o muy perverso para pensar o alegar que una elección por votación no estará políticamente condicionada y, todavía en grado mayor que el actual mecanismo de elección.
Basta remitirnos a la patética experiencia de Bolivia, el único país donde —para ocupar la expresión internacional— los jueces y magistrados de altas cortes son electos por voto popular, para desechar semejante idea. Y ello es así por una simple y sencilla razón, constatada históricamente: la vía de votación popular —así sea de todos los ciudadanos, así sea de los abogados— no es el mecanismo idóneo para seleccionar a los magistrados con mejores méritos y con acreditado carácter judicial y experiencia.
Y para confirmar, veámonos en el espejo como comunidad jurídica salvadoreña: el 21 de febrero de 2021, el aspirante a candidato a magistrado más votado (no llega al 5% del padrón) en las elecciones de abogados, es un señor cuyo logro profesional es ser, desde hace más de 20 años, secretario del juzgado de paz de un municipio del interior del país. ¿En serio alguien piensa que esa persona cumple con el perfil de magistrado del máximo tribunal del país?
Así que, en definitiva, la propuesta que comento es, simple e interesadamente, populismo —en el sentido de demagogia— judicial.
Abogado constitucionalista.