Para nadie es un secreto que el Gobierno ha solicitado la autorización a la Asamblea Legislativa para poder adquirir deuda por un valor cercano a los tres mil millones de dólares, todo con la finalidad de atender los efectos provocados por la pandemia del COVID-19. Hasta esta fecha, los diputados han dado los permisos y el Ejecutivo se encuentra en la búsqueda de los fondos.
No hay duda de la necesidad de dotar al Órgano Ejecutivo de los recursos y herramientas que hagan falta para resguardar la vida y la economía de las personas y las empresas. Sin embargo, en tiempos de emergencia se vuelven más importantes las labores de control y fiscalización, tanto las que realizan las entidades de control estatal como las de la ciudadanía.
Lo anterior es así porque en tiempos como los actuales el flujo del dinero se acelera y la necesidad de una respuesta rápida o inmediata, junto a la confusión o la desorganización, suelen hacer cierto aquello de “en río revuelto, ganancia de pescadores”.
Nuestra Constitución le asigna a la Corte de Cuentas de la República (CCR) el deber de vigilar que los recursos públicos sean bien utilizados, y que ni un centavo de estos termine en manos indebidas o se utilice para cosas contrarias el interés público. Lastimosamente, todos conocemos que la CCR no siempre fue capaz de cumplir con su rol.
Es positivo que, al menos en esta ocasión, la CCR ha reaccionado y ya se encuentra ejecutando diversas auditorías, algunas de las cuales son concurrentes, es decir, procesos de fiscalización que van casi a la par de los hechos o proyectos en ejecución.
Este tipo de auditorías no son la norma general sino la excepción. El actual sistema de fiscalización consiste en que la Corte llega cuando todo ha finalizado, lo que muchas veces se traduce en solo llegar a recoger el cadáver. Diversos actores de la sociedad civil estamos abogando para que esto cambie, pero para ello se requiere una reforma a la Ley de la Corte de Cuentas.
Actualmente, la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa tiene en su poder un proyecto para reformar la actual ley de la CCR. Esta batería de reformas pretende dar más protagonismo a la Fiscalía General de la República en los juicios de cuentas, así como nuevos mecanismos para evitar que los servidores públicos se nieguen a ser auditados.
Atrás hice alusión a los juicios de cuentas. ¿En qué consisten estos juicios? Cuando en una auditoría se detecta que hubo una sustracción de dinero indebida, el empleado presuntamente responsable es enviado a juicio para que se decida si este debe devolver el dinero o no, así como si debe ser multado por no respetar disposiciones administrativas.
Este proceso también debe ser actualizado. Una de las reformas más positivas que pueden lograrse implican convertir este juicio en uno de tipo oral, dejando entonces de ser documental. Esto brinda mayores garantías de transparencia y la posibilidad de una mejor defensa para los acusados.
Asimismo, los diputados tienen en sus escritorios una propuesta para pedir auxilio a la fuerza pública cuando los funcionarios se rehúsen a entregar la documentación necesaria para ser auditados. En tiempos de emergencia, los legisladores no deben perder de vista lo indispensable e impostergable de estas reformas propuestas.
Quiero finalizar diciendo que una Corte de Cuentas fuerte nos favorece a todos, por lo que pido a la Comisión de Hacienda que agenden la discusión tan pronto como sea posible. El país lo demanda.
Investigador.