En un foro internacional virtual sobre compras públicas durante la pandemia, organizado recientemente por FUNDE y Transparencia Internacional, en mis palabras introductorias ilustré la situación que se ha vivido en el tema de dichas compras con varias escenas de una obra de teatro.
Primer acto. Se abre el telón, y en el escenario aparece el maldito virus.
Segundo acto. Empieza a caer una intensa y millonaria lluvia de dólares (por cierto, prestados).
Tercer acto. De una densa nube autoritaria surge el principal protagonista de la obra, el gobierno, ahora musculoso y engrandecido de poder gracias a que se sabe nutrir de la opacidad y el miedo; le acompaña un elenco de actores secundarios, ahora más debilitados e invisibilizados: las instituciones de control de la corrupción, especialmente la Corte de Cuentas y la Fiscalía.
Cuarto acto. El actor principal, el gobierno, se empieza a liberar de algunas amarras que limitan sus opacos movimientos, bajo el argumento de que hay que ser ágiles en las compras durante la emergencia; adiós entonces a la Ley LACAP que regula los buenos procedimiento a seguir en las compras públicas, y adiós a la Ley de Acceso a la Información Pública, que obliga a los funcionarios a la entrega de información oficiosa a los ciudadanos que la soliciten.
Quinto acto. Se cierra el telón. Se apagan las luces. Al fondo, los espectadores solo escuchan música y algarabía. Sin duda, una fiesta libertina en la opacidad. Un alegre festejo pagado con nuestras entradas al teatro, o más exactamente, un festejo financiado con nuestros impuestos. No se podía esperar otra cosa de actores que ya traían en su ADN las moléculas de la corrupción y que, ante jugosa arca abierta, se alebrestaron. Embriagados por la ambición, danzaron felices con los millones.
Sexto Acto. Se sube el telón. Se encienden las luces. ¿Qué pueden ahora observar los ciudadanos espectadores? Lo que era de esperarse después de más de cuatro jubilosos meses en la penumbra: muchas marcadas huellas de posibles actos de gran corrupción. En efecto, ya con cierta luminosidad en el escenario (acordémonos de que tarde o temprano las luces apagadas suelen encenderse), hemos podido apreciar parte, solo parte, de un indignante espectáculo.
Sobre el escenario aparecieron mascarillas compradas por el Ministerio de Salud a dos altos funcionarios públicos (Presidente de FONAES y Viceministro Hacienda), a dos veces el valor de mercado. Un negocio de alrededor de un millón de dólares que, de ser ciertas las documentadas informaciones periodísticas, pudieron haber dejado disponible cerca de medio millón de dólares si se hubieran comprado a precio justo y de mercado. Dinero que ahora tanto necesita el personal de salud para abastecerse de material y equipo de protección, y que bien utilizado hubiera contribuido a tener menos personal médico y sanitario contaminado o muerto.
También aparecieron despojos de mascarillas compradas a una empresa, según informaciones periodísticas, vinculada a un diputado, cuya máscara se le acabó de caer del todo, dejando al descubierto las verdaderas intenciones de su rebeldía con el partido. Pero no sólo de mascarillas se disfrazó la fiesta; también hubo botas compradas a una empresa, también acorde a investigaciones periodísticas, relacionada con la familia del Ministro de Salud.
Regados por el suelo escénico también contemplamos millones de dólares, producto de un reparto desordenado y opaco, de los cuales, según la Corte de Cuentas, no se sabe a quiénes o adónde fueron a parar al menos 30 millones.
El caos escénico dejó ver algo así como carretones de venta de mangos vendiendo softwares para computadoras: vimos entonces aparecer empresas de dudosa reputación en Miami y España, que de vendedoras de cerámica y porcelana y de repuestos de vehículos, pasaron a realizar millonarias ventas de insumos y equipos médicos al gobierno.
En una fiesta no podía faltar la comilona. Sobre una mesa yacen compras multimillonarias de alimentos que, al momento, el Ministerio de Agricultura no da a conocer con qué procedimientos se compraron, a qué empresas se compraron, a qué precio y cuáles fueron los procedimientos de distribución y destino. El MAG, sospechosamente, no ha querido entregar todavía la información requerida por la Corte de Cuentas, a pesar de las dos prórrogas otorgadas por ésta.
Quizá falta mencionar el Hospital El Salvador. Pero es demasiado grande para que pueda caber en el escenario. Quizá deba montarse una obra teatral específica para ello.
Frente a todos esos casos, lo menos que pueden esperar los ciudadanos espectadores es que tanto la Fiscalía como la Corte de Cuentas dejen de tener un rol tan pasivo y temeroso, e intervengan con firmeza ante la probable bacanal delictiva cometida tras el telón y la oscuridad escénica.
Economista
Director de FUNDE y Representante de Transparencia Internacional