PUESIESQUE…es innegable que durante épocas de emergencia o crisis, como el actual contexto de inimaginable impacto por la pandemia por COVID-19, es necesario que los gobernantes cuenten con potestades extraordinarias para afrontarlas, pero ello debe hacerse dentro del marco legal, sin abandonar las reglas democráticas y sin violar los derechos humanos.
Así, en el país, si bien las medidas no farmacéuticas adoptadas inicialmente por la administración presidencial para prevenir el ingreso masivo y la propagación del virus COVID-19 (cierre de fronteras, cuarentena obligatoria de pasajeros que ingresan al país, confinamiento domiciliario, etc.) fueron exitosas, la continuidad de la gestión de la crisis está dejando en evidencia la tendencia autoritaria del Órgano Ejecutivo, colocando en peligro a la todavía incipiente democracia salvadoreña.
En efecto, la línea discursiva de la administración presidencial se está caracterizando, primero, por la imposición, exigiendo que se aprueben, sin discusión, proyectos legislativos que son adefesios jurídicos y que vulneran flagrantemente la Constitución y expresas resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (SCn/CSJ); segundo, por un grosero lenguaje barriobajero, que insiste en la desinformación, mensajes de intimidación a la población, incluyendo la amenaza de imposición de sanciones (“doblar las muñecas”, decomisar vehículos, internamiento forzoso por 30 días por circular sin mascarilla, etc.) que carecen totalmente de base legal; y, tercero, por un ejercicio autoritario del poder, que ha conducido al extremo de casi dos mil detenciones ilegales.
Frente a esas 3 deficiencias en la gestión de la crisis, estimamos que las mismas deben superarse, respectivamente, por el diálogo social; por la transparencia, mesura y claridad en la comunicación; y por el respeto irrestricto de los derechos humanos: todas estas herramientas democráticas son expresión de valores y principios constitucionales.
El DIÁLOGO SOCIAL es indispensable en una situación de crisis, ya que nadie es dueño de la verdad, sobre todo en una situación altamente cambiante y con datos todavía en estudio: así, el gobierno debió –o, quizá, todavía debe- solicitar el apoyo de especialistas, como médicos infectólogos, ingenieros en sistemas, matemáticos estadísticos, empresarios con experiencia en equipamiento y distribución, y hasta de abogados (constitucionalistas, administrativistas y laboralistas); amén de establecer una mesa de diálogo con la oposición política (sobre todo porque el Órgano Ejecutivo no cuenta con el apoyo de un partido político).
TRANSPARENCIA, MESURA Y CLARIDAD DE LA INFORMACIÓN, a efecto que la población esté enterada, con la adecuada anticipación, de las medidas adoptadas, evitando la generación de miedo, de confrontación insensata y de confusión sobre las medidas: al respecto, debe señalarse –a pesar de lo que diga, en una estrambótica y vituperable declaración, el asesor del asesor de Casa Presidencial- que los tuits presidenciales no tienen ningún valor jurídico, que no obligan absolutamente a nada, que únicamente son poses que contaminan el ambiente.
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, ya que la lucha contra la epidemia no supone poner en cuarentena la dignidad humana, pues, como gráficamente ha expresado la vicepresidenta de la Comisión Europea para los valores y la transparencia, “al matar el coronavirus, no debemos matar también la democracia y los derechos fundamentales (…)”.
Ante la emergencia sanitaria es indispensable que todos nos unamos, a través de un franco diálogo y sin vulnerar la dignidad humana, a fin que se dispongan medidas –razonables, idóneas y proporcionales, así como respetuosas de la Constitución y la ley- que nos permitan enfrentar y superar la crisis.
Por supuesto, ello no supone ni olvidar ni obviar los reclamos que oportunamente deberán hacerse por las improvisaciones, incapacidades, irresponsabilidades y abusos que han quedado a la vista en el manejo y gestión de la crisis.
Abogado constitucionalista.