Los mandatarios alrededor del mundo deben enfrentar la pandemia, mitigar el impacto económico y cuidar la democracia. Los tres aspectos se encuentran estrechamente vinculados. El distanciamiento social es clave para aplanar más rápido la curva de contagios. Esta medida obliga a mantener operando únicamente a las empresas que prestan servicios esenciales. El resto de la actividad económica está paralizada. El riesgo que muchos negocios quiebren es inminente y la pérdida de millones de empleos, la consecuencia más lamentable. Al mismo tiempo, y con el propósito de obligar a los ciudadanos a cumplir la cuarentena obligatoria, a los gobernantes se les han concedido poderes extraordinarios. Los presidentes tienen carta libre para suprimir derechos fundamentales aprovechando los estados de excepción y la suspensión de garantías constitucionales. Las libertades de tránsito y reunión son las más afectadas.
Las estrategias para el combate del COVID-19 mantienen un tronco común en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, cada uno de los Gobiernos decide el plan, según la etapa en la que se encuentre la pandemia y el número de casos y de fallecimientos ocurridos. A estas alturas del problema, y con el acceso a valiosa información a través de la tecnología, lo más razonable es utilizar iniciativas que han sido exitosas en otros países. El acompañamiento de especialistas, epidemiólogos e infectólogos, es vital. No es correcto que los mandatarios intenten explicar el comportamiento de la enfermedad ni mucho menos el tipo de medicamentos que deben suministrase a los pacientes. Al lado de los presidentes deben estar los científicos, los galenos, los hombres y mujeres del campo de la salud que pueden interpretar la evolución de los datos y transmitir confianza y seguridad a la población.
Los augurios en el ámbito económico no son nada alentadores. La economía se enfila a una recesión mundial. A los países con economías débiles y sistemas fiscales disminuidos les será más complicado encarar este desafío. Los Gobiernos harían bien en revisar sus prioridades, disminuir gastos innecesarios e incentivar la reactivación de las empresas. Siempre estará vigente la oferta de más endeudamiento. Sin embargo, se trata de una opción que alivia temporalmente los problemas del presente e hipoteca el futuro de las sociedades. Sin la empresa privada los países no saldrán adelante.
La etapa pospandemia dará paso a una nueva plaga. El azote del desempleo será mordaz. Rechazar sus propuestas y creer que a los empresarios no les importa la vida de sus empleados es absurdo. Ciertamente también les preocupa la continuidad de sus negocios. Es normal. Para la mayoría representa el esfuerzo de varias generaciones sin importar el tamaño de su negocio. Con la quiebra de las empresas se despedazarán los sueños de miles de familias. Si realmente son audaces, los políticos tendrán que planificar, junto al sector productivo, la forma en la que, gradualmente, sin arriesgar al personal y bajo medidas estrictas de prevención, es posible reanudar ciertas actividades, cumpliendo protocolos de salud controlados como lo están haciendo otras varias naciones. También es necesario discutir una salida financiera para aquellos casos en los que la reapertura no sea posible por el peligro de contaminación que significa.
La otra gran perjudicada de la pandemia puede ser la democracia. Kevin Casas Zamora, Secretario General de IDEA Internacional lo advirtió claramente: “Sería una tragedia si la víctima más importante del virus fueran los sistemas democráticos”. El COVID-19 eliminó temporalmente uno de los resguardos más valiosos de los ciudadanos: la protección constitucional de algunas de sus más preciadas libertades. Circular sin limitación alguna, localmente y fuera del país, y retornar el día que se quisiera, parecía, hasta hace pocos días, la más normal de las actividades. Lo mismo puede decirse del derecho a reunirse. Ahora, a quien desatienda la orden del Gobierno, lo pueden amonestar, multar, procesar por no atender la orden de la autoridad y, en el caso salvadoreño, remitir a un centro de contención donde, según el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, puede resultar infectado.
Cuando la crisis afloje, a los mandatarios y a sus asesores se les juzgará según la conducta, autoritaria o democrática, que hayan mostrado durante la pandemia. Un buen indicador para medir ese comportamiento será el número de amparos, habeas corpus e inconstitucionalidades presentadas por los ciudadanos en contra de los abusos de autoridad. También se contabilizarán las denuncias por violaciones a los derechos humanos, por las restricciones que perjudiquen a la libertad de expresión y por la falta de acceso a la información pública.
Los líderes mundiales no la tienen nada fácil. Pueden aminorar el peso de sus obligaciones si piden ayuda o aceptan la que le ofrecen los médicos, abogados, economistas y empresarios. Solo así saldrán adelante. Solo así superaremos esta prueba histórica.
Doctor en Derecho y politólogo