PUESIESQUE…la semana pasada la administración presidencial nos dijo que no es momento para discutir si sus acciones y decisiones son constitucionales o no, frase que equivale a decir “el Estado soy yo y la Constitución me vale”…mmm…algo así me imaginé con lo del frustrado golpe de Estado del 9/febrero, pero agradecemos la franqueza de la administración presidencial, al informarnos que para ella, el Estado de Derecho es un incómodo adorno.
No sorprende ese pensamiento por parte de Casa Presidencial (CAPRES), pero frente a ello es esencial decir e insistir que LA CONSTITUCIÓN SÍ IMPORTA, Y MUCHO, sobre todo durante crisis como la que enfrentamos, pues como nos enseñó Locke: “Donde termina la ley empieza la tiranía”.
Este servidor ha expuesto, como simple ciudadano, que tengo la percepción —por los hechos— de que la administración presidencial adoptó decisiones acertadas y valientes para prevenir el ingreso y la expansión de la pandemia por COVID-19, pero ese apoyo crítico no significa, en ninguna forma, silencio frente a órdenes inhumanas y actuaciones inconstitucionales. Así, en esta crisis sanitaria, la Constitución sí importa, y muchísimo más que durante la normalidad cotidiana; al grado que aquélla ha posibilitado durante la emergencia sanitaria, al menos:
a. impidió que prosperara la iniciativa del Órgano Ejecutivo para ampliar el plazo de la detención administrativa a 15 días, en lugar de 72 horas previstas en el artículo 12 de la Constitución;
b. ha permitido la intervención de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (SCn/CSJ) en varios procesos de exhibición personal o hábeas corpus, para ordenar, por ejemplo, que personas detenidas ilegalmente en bartolinas policiales sean enviadas a casa, disponer que a las personas en centros de cuarentena les entreguen los resultados del exámenes médicos sobre COVID-19; y,
c. la denuncia pública hizo retroceder al Órgano Ejecutivo del burdo intento de obstaculizar el ejercicio de la libertad de prensa.
Por cierto, a finales de la semana pasada, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) declaró que ¡casi 800 personas! están “retenidas con fines de prevención sanitaria”: vaya eufemismo para detenciones ilegales.
Tanto la continuidad del sometimiento a prisión como las nuevas detenciones son claramente inconstitucionales, sobre todo considerando que la SCn/CSJ emitió, el 27/marzo/2020, medidas cautelares estructurales que, en esencia, ordenan la no detención de las personas, sino su resguardo —con dignidad— únicamente en caso de que hubieren “(…) estado en contacto con fuentes de contagio de la enfermedad”.
Entonces, continuar deteniendo personas respecto de quienes no existen indicios de contacto de fuentes de contagio, sino que son capturas por incumplir la cuarentena domiciliaria (que todos debemos cumplir), además de un disparate desde la óptica de salud pública (el mismo MJSP admite que a los detenidos se les coloca en riesgo de contagio), es inconstitucional, es ilegal y, además, desobediencia a una orden judicial.
Frente a esa desobediencia a orden judicial —justificada y potenciada por el asesor del asesor de CAPRES— es esencial que la SCn/CSJ cumpla con su obligación de protección de los derechos fundamentales y, en consecuencia, además de emitir resoluciones desde cómodas oficinas, verifique de oficio su cumplimiento en la realidad y, además, en seguimiento de su resolución del 27/marzo/2020, ordene a la Presidencia de la República, a la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, que cesen las detenciones ilegales.
Por eso, rezo para que no suceda, pero si una sola, una sola, de las personas detenidas ilegalmente desde el 21/marzo/2020 sufre la enfermedad del COVID-19, esa carga quedará sobre la conciencia de los funcionarios que, desatendiendo sus obligaciones y sus juramentos, ordenaron, ejecutaron, justificaron y permitieron esas detenciones ilegales.
Abogado constitucionalista