Coronavirus, política y elecciones

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Mar 11, 2020- 19:30

La pandemia del coronavirus pondrá a prueba la capacidad de los sistemas de salud pública. Ya resuenan las críticas por la gestión caótica por parte de algunos Gobiernos. Aunque es casi unánime la opinión que el nivel de mortalidad es reducido, lo cierto es que medidas de contingencia incorrectas y la falta de equipos y de infraestructura hospitalaria, podrían representar un grave peligro para el porcentaje de pacientes (teóricamente bajo) con mayor vulnerabilidad.

La comunicación efectiva, el uso adecuado de los mecanismos legales, la colaboración entre públicos y privados, y el cumplimiento de las recomendaciones de prevención, serán fundamentales para enfrentar esta pandemia.

El pánico ha desatado una serie de noticias falsas que provoca un estado colectivo de zozobra. Las autoridades sanitarias deben recurrir a la difusión de mensajes claros, concretos y orientativos. Se requiere publicidad en redes y en medios de comunicación tradicionales para divulgar, con exactitud, los procedimientos que deben cumplir los que presenten síntomas de la enfermedad y quiénes van a “cuarentena controlada” y a “control domiciliar” -trascendió que no todos los que llegaron de España fueron sometidos a la cuarentena señalada-. Cuando se decida cerrar las universidades, los colegios y algunos centros de trabajo, deben adoptarse reglas claras que validen la enseñanza a distancia y las evaluaciones, así como ciertas obligaciones laborales, por medios virtuales.

La pandemia obligará a los Estados a recurrir a herramientas legales que faciliten y agilicen la adquisición de medicamentos, equipos hospitalarios y todo tipo de bienes y servicios específicos para atender esta situación. La mayoría de las restricciones anunciadas por los Gobiernos exigen decretos ejecutivos o legislativos según el caso. Las iniciativas pueden ser del Presidente, pero la legalidad de lo solicitado debe ser cuidadosamente analizada por sus abogados.

Los instrumentos que utilice el Gobierno para atender esta emergencia no deben sobrepasar los límites constitucionales. “Las crisis propician la concentración y, con mucha frecuencia, el abuso de poder”. Con el supuesto propósito de combatir la epidemia podrían restringirse libertades y derechos fundamentales (facultad contemplada en la Constitución salvadoreña).

La experiencia demuestra, según Levitsky y Ziblatt, que para “los gobernantes que se sienten asediados por las críticas y cautivos de las instituciones democráticas, las crisis abren una ventana de oportunidad para silenciar a la crítica y debilitar a sus rivales”. Cuidado con hacer de la pandemia una oportunidad para aprovecharse, arbitrariamente, de las atribuciones que otorga la Carta Magna y la ley.

Por otro lado, el mandatario haría bien en pedir la solidaridad del sector empresarial para atender el trance que estamos padeciendo. Las empresas son canales de información para miles de trabajadores. Además de cumplir las medidas que establezca el Ministerio de Salud para evitar el contagio en los centros de trabajo, el sector privado está en la capacidad de respaldar las campañas de información gubernamentales.

En El Salvador, la combinación de esfuerzos entre el sector público y el privado en los terremotos de 1986 y 2001, en los huracanes y en el combate a otro tipo de epidemias, fue estratégica para contener los efectos de esos siniestros.

Los funcionarios están obligados a realizar todas las acciones y a asumir las conductas que sean necesarias, dentro del marco legal, para reducir al máximo las repercusiones de la pandemia. Mirar hacia afuera, a las actuaciones y decisiones que han tomado otros países donde la enfermedad se ha multiplicado velozmente, sería recomendable.

Es hora de ceder posiciones, de acercarse y asumir la obligación de proteger a la ciudadanía a la que dicen representar. Las mentiras y la manipulación de este evento, probablemente el más serio en materia sanitaria en las últimas dos décadas, serían severamente castigadas por la sociedad. El Presidente tiene que asumir el liderazgo. Está en la obligación de coordinar esfuerzos con el resto de instituciones públicas y con los otros Órganos de Estado. Tiene que evidenciar ante los cooperantes que cuenta con el respaldo de la comunidad, de los partidos y de sectores estratégicos como el empresarial.

La atención a la pandemia no elimina los controles institucionales, las causas pendientes ni el trabajo de los funcionarios públicos. Es cierto que reorienta, temporalmente, todo el interés y el esmero posible para luchar contra la enfermedad. Pero no suprime situaciones como el seguimiento de los procesos abiertos para deducir responsabilidades del 9F, para elegir a comisionados idóneos e independientes en el Instituto de Acceso a la Información Pública, y para organizar de manera adecuada las elecciones legislativas y municipales de 2021.

El empleo irresponsable de tácticas que pretendan aprovechar la pandemia para seguir desmantelando la institucionalidad y doblegando al Estado de derecho, sin duda será reclamado por los ciudadanos más pronto que tarde.

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