Por Lograr apoyos populares a gobiernos autoritarios es más efectivo si se logra perfilar a un enemigo que materialice los temores que rondan el imaginario social del momento; y para esto es necesario perfilarlo lo más más real y malvado posible. En la historia salvadoreña abundan casos de ese tipo, especialmente en el siglo XX.
Esto fue así porque en este periodo la sociedad se volvió más compleja y contradictoria. El comunismo, mejor dicho, “los comunistas” fueron el primer gran terror que sacudió a El Salvador.
El levantamiento de 1932 se produjo en un contexto de aguda crisis económica y social aterrorizó a la elite cafetalera que venía gobernando sin sobresaltos desde el último cuarto del siglo XIX. Se autocomplacían con la imagen de una país próspero y progresista, sin darse cuenta de los graves problemas que se incubaban. El general Maximiliano Hernández Martínez reprimió sangrientamente la rebelión, a tal punto que, a posteriori, el rasgo distintivo de esos sucesos no será la movilización social, sino la matanza que la siguió.
El terror a los comunistas cohesionó a la sociedad salvadoreña. Todos aquellos que con razón o sin ella se sintieron amenazados por las hordas rojas se alinearon con el gobierno y se mostraron agradecidos con Martínez a quien vieron como el “salvador” de la nación. El terror produjo intolerancia y odio, en buena medida azuzados por la propaganda oficial y la prensa. “En El Salvador casi nadie sabe positivamente en qué consiste el comunismo, y a cualquier manifestación procedente de la clase obrera le encajan incontinente la etiqueta del soviet.” Dijo Farabundo Martí en una entrevista con un periodista del Diario del Salvador que lo entrevistó en la cárcel, la cual fue publicada el 13 de mayo de 1931. Martí tenía un evidente sesgo obrero y urbano; en realidad, los grandes protagonistas del levantamiento fueron indígenas y campesinos.
Antes de enero de 1932, ya era común hablar de la expansión del comunismo en el país. Sin embargo, no se le asociaba directamente con los indígenas; pero después, indio y comunista llegaron a ser sinónimos que connotaban toda la maldad y la barbarie imaginable y que debía extirparse del país a cualquier precio. El anticomunismo fue uno de los pilares que sostuvo la popularidad de Hernández Martínez y que le permitió permanecer en el poder hasta 1944, cuando fue derrocado por una movilización civil.
La amenaza comunista fue invocada por los gobiernos militares desde 1950 hasta 1977 en el marco de la doctrina de seguridad nacional; justificó la represión gubernamental y más tarde la acción de los escuadrones de la muerte. Lo curioso es que durante el martinato y hasta la década de 1960, la represión y el control político había sido tan efectivo que prácticamente había anulado a los comunistas, pero se insistía en presentarlos como asolapados y a la espera del momento oportuno para dar el zarpazo en contra de la libertad y la democracia. El anticomunismo, el nacionalismo y la libertad de empresa cohesionaron ideológicamente al partido ARENA.
En la década de 1970 y en la siguiente se añadió otro epíteto descalificador: terrorista. Muchas de las acciones de los insurgentes fueron calificadas como terroristas. En algunos casos, el adjetivo pudo justificarse, pero la mayoría de veces escondía la incapacidad de los militares y cuerpos de seguridad para neutralizar a los rebeldes. El largo proceso de democratización y la firma de los acuerdos paz, en algo atemperaron las pasiones políticas. Pero el radicalismo y la intolerancia aparecía en las campañas electorales en las que los actos de violencia y hasta los asesinatos no eran extraños; también en los altisonantes discursos legislativos, cuando a falta de ideas y argumentos se recurría a la descalificación, los insultos y los epítetos. Era el pasado que se negaba a morir.
En ocasiones los “enemigos” mutan, mejor dicho, se hacen mutar. Eso sucedió en la década anterior. Para entonces, el país era asolado por la irracional violencia pandilleril, sin que los gobiernos de derecha o izquierda hallaran la forma de enfrentar el problema. Las pandillas fueron declaradas terroristas, resolución judicial de por medio. Esta vez el adjetivo era válido; pues sembraban el terror en la sociedad. Sin embargo, entre nosotros ese adjetivo tenía antecedentes en el pasado inmediato. Fue fácil asociarlo con la izquierda, especialmente cuando el gobierno del Funes negoció una tregua con las pandillas. Hay evidencia suficiente de que eso realmente aconteció, y esa evidencia muestra que no solo la izquierda lo hizo.
Los “terroristas” de antaño, eran los barbados insurgentes que usaban la dinamita indiscriminadamente; los “terroristas” contemporáneos son los tatuados asesinos, violadores y extorsionadores. Paradójicamente el actual gobierno ha tenido relaciones y ha negociado con ambos. Quizá por eso, hoy son sus mayores enemigos. Hay pasados incómodos.
Buena parte del constructo de enemigos aquí revisados es cuando menos discutible. Ciertamente que comunistas, terroristas y pandilleros representaron una amenaza al orden sociopolítico establecido. Pero todos los que construyeron esas figuras de enemigo ignoraron sistemáticamente que eran producto de problemas y demandas largamente desatendidas por los grupos de poder. Estos podrían ser la pobreza, la falta de libertades políticas o la marginación social. Los “monstruos” que los acongojaban no surgieron de la nada; fueron producto de un sistema excluyente en términos económicos, sociales y políticos. Claro, esa es una verdad incómoda, que es mejor ignorar.
La persecución de ese enemigo, a veces más inventado que real, otras veces tan fuerte que obligaba a los detentadores del poder a negociar con él, terminó justificando la persecución de todo aquel que pensara diferente. Podrían ser libre pensadores como Alberto Masferrer en 1932, los intelectuales y sacerdotes en los años 70, o los críticos del poder y los abusos en la actualidad. No importa si lo que denuncian son las injusticias estructurales como hacía Masferrer, o la injusticia social contra la que luchó Monseñor Romero o la injusticia estructural de Ellacuría. Hoy día, pareciera que es delito denunciar la corrupción, la violación de los derechos humanos o la inconstitucionalidad de algunas acciones de gobierno.
Antes se invocaban razones de seguridad nacional. Hoy día, cuando las ideologías políticas han dejado de ser importantes, se invocan otras razones. Es tan revelador como sospechoso que gobiernos aparentemente tan diferentes, nieguen la persecución política y sostengan tozudamente que lo que hacen es “enjuiciar” de acuerdo al marco legal y judicial vigente (convenientemente cooptado y reformado) a terroristas y corruptos. Solo en casos extremos como en Nicaragua y Venezuela se agrega a “apátridas traidores”. Curiosamente, los corruptos siempre están en la oposición, independientemente de cómo esta se conciba, y no en el partido en el poder; las únicas excepciones serían aquellos que caen en desgracia con el dictador. Porque las democracias no persiguen a los opositores; es más, no tienen necesidad de perseguirlos.
Historiador, Universidad de El Salvador