La tecnología ha venido a revolucionar las sociedades, acercando la información a muchas personas. Las redes sociales acortan distancias. Los temas jurídicos no se escapan a esta revolución del mundo virtual. Sin embargo, diversas situaciones generadas por la crisis del COVID-19 nos obligan a pensar en el adecuado uso de estas herramientas cuando se pretende afectar los derechos de las personas.
Un uso responsable de las herramientas tecnológicas dotarían al ámbito jurídico de agilidad y universalidad; pero la inseguridad jurídica que hemos vivido en medio de la pandemia del COVID-19 ha venido a empeorar el día a día. Decretos exprés, que empiezan a surtir efectos a las horas sin haber sido publicados oficialmente, anunciados en Twitter de un momento a otro, sin discusión de efectos o idoneidad, han sido el pan de cada día durante los últimos dos meses.
Lo que ya deberíamos tener claro es que Twitter no es fuente del Derecho. Lo que ahí se escribe no es ley si antes no pasa por el proceso debido y es publicado en las formas correspondientes. Esto es importante porque para que las personas nos veamos obligados a actuar de una determinada manera, antes debemos tener claras las reglas que rigen esa conducta. Necesitamos previsibilidad y la capacidad de asumir conscientemente las consecuencias de nuestros actos.
Con una publicación en Twitter no podemos asumir que todo el mundo está enterado. Aunque ahora un teléfono inteligente, una tablet o una computadora son más accesibles a la población, no todas las personas las poseen, las saben usar, tienen conexión a internet o les dan un uso informativo a dichas herramientas tecnológicas. La conectividad de internet en este país es escasa y las personas menos privilegiadas también tienen derecho a conocer los asuntos que les afectarán.
La seguridad jurídica al interior del Salón Azul se ha visto sumamente erosionada. El proceso de formación de ley en los últimos días nos remontan a las épocas de los madrugones legislativos de antaño, donde los legisladores desconocían los proyectos a aprobar pero se encontraban prestos a levantar la mano; donde no existía discusión del contenido de las leyes, solo un compromiso de aprobar lo acordado. Hoy se repiten las historias de madrugones y la aprobación de leyes que luego los mismos diputados desconocen.
Es necesario que recordemos los principios básicos que deben existir en la elaboración de cualquier ley o norma jurídica: diálogo, discusión, publicidad y consenso. Los ciudadanos tenemos derecho a realmente conocer los asuntos que pueden afectarnos y debemos tener la oportunidad de ver reflejados nuestros intereses a través de nuestros representantes.
La seguridad jurídica, entendida como certeza del Derecho, es una de las cosas que más nos ha hecho falta durante esta pandemia. Todos tenemos derecho a saber a qué reglas del juego atenernos, a tomar medidas de previsión con tiempo, a tener plena conciencia de las consecuencias de nuestras acciones. Esto se ha convertido en un lujo que ni juristas estudiados y destacados pueden darse. La inseguridad jurídica que nos envuelve es complicada aún para las personas que algo de Derecho hemos estudiado; la incertidumbre o desconocimiento que sufre el resto de ciudadanos, sin duda, es mayor.
Esta nueva realidad post pandemia nos debe hacer reflexionar sobre la necesidad de volver a las cuestiones básicas, incluso en el Derecho. En el día a día, darle relevancia a algo tan simple como lavarnos las manos constantemente; en la vida debemos a aprender a apreciar más las cosas fundamentales como la familia y amigos; en el derecho, a darle la debida importancia a la seguridad jurídica como principio del Derecho y fuente de paz mental para los ciudadanos.
Abogada.