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A garrotazos nadie entiende

La Constitución de la República establece que se prohíben las “penas infamantes”; pero ¿qué cosa no es más que “infamante” eso de que te exhiban en traje de preso, recién capturado, hincado y esposado, cuando aún no te han llevado a juicio y presentado las pruebas de cargo respectivas ante un juez de derecho, que las estima como adecuadas para probar el delito que se te imputa?

Por Maximiliano Mojica
Abogado, máster en leyes

Los tiempos cambian y cambian para mejorar, de eso no hay duda. Lejos quedaron ideas como “la letra por la sangre entra”, que habilitaba tácitamente a los profesores para darnos reata cuando no podíamos recitar de memoria la tabla del 7 o para darnos un reglazo en la espalda cuando nos sorprendían hablando en clase.

Ningún padre en su sano juicio autorizaría a algún colegio para que impusiera castigos físicos o infamantes a sus pequeños hijos, dado que todos los que somos padres ahora entendemos que un joven que presentan problemas conductuales, necesita apoyo especial por medio de profesionales calificados, involucrando a la familia entera, ya que muchos de esos problemas tienen su origen -precisamente- en una inadecuada dinámica familiar.

Siempre he considerado que administrar un país es el equivalente a administrar una gran familia en la que existen diversas tendencias, formas de expresión, intereses y por supuesto, en la que un miembro se comporte como la “oveja negra”. Ahora bien ¿va un padre a renegar y abandonar a su hijo por el hecho de ser descarriado?

Usualmente lo que sucede es lo contrario: se preocupan por él, quizás aún más que por el resto de la familia que no requiere de tanto cuidado y tantas atenciones. La parábola bíblica del “Hijo Pródigo” es un ejemplo de lo anterior: el Padre se alegra porque el hijo que consideraba perdido por fin entra en razón y no escatima esfuerzos ni gastos, con tal que enderece su mala vida.

Pero no vemos que se haga realidad cuando se refiere a nuestras autoridades de seguridad pública, las cuales -un día si y otro también-, tratan a los capturados de la peor forma posible, como si quisieran demostrar que para ellos ejercer la “autoridad” se convierte en una especie de venganza pública para saldar el hecho que se le imputa a esa persona que cae en sus manos.

Vemos a capturados -que para ese momento tienen carácter de “inocentes” ante la ley, hasta que un Juez de derecho estime lo contrario-, que son uniformados con traje de presidiario, hincados frente a las cámaras para ser fotografiados y humillados públicamente, mientras dos agentes del orden armados con armas largas los custodian.

Pero ¿es correcta esa actitud de las autoridades? La Constitución de la República establece que se prohíben las “penas infamantes”; pero ¿qué cosa no es más que “infamante” eso de que te exhiban en traje de preso, recién capturado, hincado y esposado, cuando aún no te han llevado a juicio y presentado las pruebas de cargo respectivas ante un juez de derecho, que las estima como adecuadas para probar el delito que se te imputa?

¿Es beneficioso para la sociedad que el imputado salga hincado y humillado ante las cámaras? ¿Constituye esa acción de las autoridades una reparación para las víctimas? ¿Se sentirán de esa forma “vengados” los parientes de alguien que ha sufrido acoso, violación, extorsión o la muerte de un familiar? ¿Transmite esa acción e imagen asociada a esta, un mensaje de paz social o contribuye a fomentar el clima de violencia en el país?

Creo que se puede analizar el nivel de civilización de una sociedad por la forma en que trata a sus miembros más débiles y vulnerables, y creo firmemente que dentro de ese segmento se encuentra la población de los privados de libertad.

Usualmente, quienes se encuentran en ese segmento provienen de familias pobres, sin educación y sin futuro, que no ven otra opción más que integrarse a una mara o que vivieron en carne propia los abusos de un padre borracho y pendenciero, por lo cual, ahora mayores, se limitan a repetir esos ciclos de violencia que aprendieron en su infancia.

Por tanto, no esperemos que presenten una conducta diferente: si los tratamos como animales, actuarán como animales.

El Salvador tiene una deuda pendiente en términos de mejorar en el trato y reconocimiento de los derechos humanos a los privados de libertad y a quienes se encuentren en vías de investigación por un delito. Tratar como gente a la gente, es la únicamente forma en que quizás algún día logremos salir de este desquiciado ciclo de violencia que nos asfixia como país.

Abogado, Master en leyes/@MaxMojica

 

 

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