A todas las personas deben respetárseles sus derechos, siempre. Aun la gente con la que no simpatizamos tiene derechos, los cuales deben ser considerados por los demás y por el Estado. Y también deben ser defendidos por todas aquellas personas que abogamos por el respeto al Estado de Derecho. Las anteriores afirmaciones pueden parecer sumamente básicas y conocidas. Sin embargo, pareciera que hay momentos en que los prejuicios le ganan la partida al reconocimiento de los derechos constitucionales de los demás.
En las últimas semanas han sucedido situaciones realmente preocupantes, que ponen sobre la mesa la conciencia que tenemos sobre los derechos de las otras personas. La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo —en situaciones independientes— a dos miembros de la Junta de Vigilancia Electoral, por actos llevados a cabo dentro de los preparativos de las próximas elecciones. Dejando un lado el análisis sobre la actuación de la institución policial en estos casos, es lamentable leer en redes sociales el irrespeto y la falta de conciencia de la ciudadanía sobre los derechos de los demás. Y todo por el hecho de no coincidir con la ideología política o la afinidad partidaria.
La PNC también fue cuestionada por un video en que se evidencia el abuso de fuerza contra un hombre a quien se le habían solicitado sus documentos y supuestamente se habría negado. Aparte de la innecesaria maniobra de los policías, también fue lamentable leer comentarios de personas que señalaban que si lo golpearon “fue por algo”; y no faltó quien insinuaba que el detenido pertenecía a alguna pandilla. El “ojo por ojo” ha sido erradicado de la vida jurídica en nuestro país, y aunque a veces nos cueste reconocerlo, incluso tienen derechos las personas que han sido señaladas o han cometido algún delito.
A quienes han infringido la ley, de una u otra manera, deben reconocérseles los derechos básicos, como son el respeto a la dignidad humana y el debido proceso judicial. Y, lamentablemente, hay que aclarar que quienes criticamos ciertas medidas o actuaciones de autoridades como la PNC no estamos en favor de grupos delincuenciales; ni tampoco estamos avalando situaciones que los partidos cometieron en el pasado. Pedimos el respeto al Estado de Derecho y los derechos humanos.
La defensa de los derechos humanos es importante por varias razones. Primero, porque somos seres humanos y nadie puede despojar absolutamente de sus derechos a otra persona. Segundo, por respeto a la presunción de inocencia como principio fundamental del Estado de Derecho. Tercero, los condenados que deseen reformar sus conductas y reinsertarse a la sociedad tienen derecho a una segunda oportunidad. Cuarto, porque nos conviene a todos. Mantener el respeto a los derechos constitucionales nos protege a todos los ciudadanos, inocentes o culpables, de las arbitrariedades del poder público y garantiza que a las personas se les respete el mínimo de derechos en cualquier situación.
Nadie busca la impunidad de hechos que los partidos políticos y sus miembros cometieron en el pasado. Nadie busca defender el actuar de personas señaladas de delitos. Pero en una República, todas las personas tenemos derechos, incluso aquellos que han sido encarcelados y sufren condenas. Nadie está en la obligación de justificar “de qué lado están” o quien prefieren defender. Los ciudadanos debemos apoyar el respeto a los derechos constitucionales siempre; abogar por que las decisiones sean adoptadas conforme a derecho, respetando el derecho y las instituciones establecidas. Los funcionarios están sujetos a las leyes y no pueden tomar sus decisiones por criterios políticos. La próxima vez que usted apruebe los excesos del poder público y la vulneración de los derechos de las demás personas, aunque sea gente de moralidad cuestionable, recuerde que la siguiente víctima de las arbitrariedades del poder público podría ser usted o un ser querido.
Abogada constitucionalista.