Más ética, menos reformas constitucionales

Quieren reformar la Constitución, modificar leyes, crear nuevas leyes… pero, después de observar como ciudadano el patético caso del diputado Arturo Magaña ¿usted cree que se necesitan reformar las leyes o simplemente se necesita aplicar las que tenemos con decencia y ética…?
Un ciudadano común, de esos que son simplemente iguales ante la ley, si se pasan un semáforo en rojo, causa un accidente con fallecidos y heridos, inmediatamente le aplican el test de alcoholemia y está ebrio, va directo a las bartolinas y luego lo procesan por homicidio culposo. No hay vuelta atrás: cometió varias infracciones muy graves de tránsito, según el Artículo 117 de la Ley de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad-.
Elías Antonio Saca y Mauricio Funes fueron señalados por grandes casos de corrupción; el primero ya saldrá de la cárcel luego de una condena breve y de una interpretación judicial a la medida y laxa; el segundo fue advertido y salió a tiempo rumbo a Nicaragua. Ni la Corte de Cuentas de la República, ni la Fiscalía General de la República, ni el Tribunal de Ética Gubernamental, ni la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, hicieron bien su trabajo pese a tener las leyes y las herramientas institucionales necesarias. Tampoco sirvieron Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, el Decreto 534 –Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto 2833– Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica (XVII Cumbres de Presidentes), la Convención de Las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención De Palermo), la Declaración de Guatemala para una Región Libre de Corrupción, la Declaración de Gobierno Abierto (OGP/AGA). Leyes sobra, falta ética…
Ejemplos como los anteriores sobran, de “ciudadanos de primera categoría”, quienes con abogados crápulas se saltan las bardas legales. Es muy extraño que una persona con poder político o empresarial se le aplique la ley con rigor. Basta un par de llamadas y todo se arregla.
¿No ha notado usted que cuando cae un sinvergüenza con influencias inmediatamente lo llevan a una clínica privada? ¿No se ha fijado que la mayoría de funcionarios de gobierno se transportan con prepotencia y violando todas las normas de tránsito y sin placas? ¿Cree que somos iguales ante la Ley? Bien decía Mons. Oscar Romero, que la justicia salvadoreña es como la serpiente y sólo muerde a los descalzos…
Más que reformar leyes o la Constitución se necesita ética, funcionarios con principios, honestos y que cumplan su rol de servidores públicos aplicando bien las leyes que tenemos. Todo el marco legal es perfectible, pero creer que las cosas van a mejorar por corregir textos es un error. Estados Unidos que tiene vigente su misma Constitución desde 1787 y algunas enmiendas es un buen ejemplo para diferenciar entre lo esencial y lo superfluo.
Llevamos dieciocho Constituciones (1824, 1835, 1841, 1842, 1864, 1871, 1872, 1880, 1883, 1885, 1886, 1889, 1921, 1939, 1950, 1962, 1982, 1983) y lo único que ha cambiado son los nombres de las relaciones dominantes de poder: Terratenientes, Cafetaleros, Oligarcas, Militares, Empresarios y -en los últimos 20 años- “Políticos Corruptos”; efectivamente, y éstos han sido siempre menos del 3%…
Los hacedores de leyes y reformadores sólo han sido instrumentos útiles del verdadero poder político detrás de las instituciones del Estado; quieren legislar y reformar para controlar y para proteger sus intereses, sean éstos económicos o políticos. Mientras tanto, los ciudadanos comunes se tienen que enfrentar a las mil burocracias legales y cumplir la ley al detalle.
¿Han visto algún ministro o un alto funcionario de gobierno haciendo una cola en SERTRACEN, pidiendo cita en el ISSS o tramitando una solvencia de antecedentes penales en la PNC? ¿Han visto algún ministro o un alto funcionario de gobierno matriculando a sus hijos en el sistema educativo público? ¿Han visto algún ministro o un alto funcionario de gobierno hospitalizado en el Rosales?
Más que reformas legales necesitamos funcionarios con principios e imperativos éticos claros; que deseen cumplir y hacer cumplir la ley y que no utilicen su cargo para evadir responsabilidades. Necesitamos también una jurisprudencia sobria, decente y racional, que busque la justicia y el bien común.
En lugar de una Comisión para reformar la Constitución, hagan una para examinar las violaciones e incumplimientos de los preceptos actuales y vigentes; seguramente tendrán que dedicar muchísimo tiempo. Y si pueden, Interpreten que significa y cómo se puede aplicar y exigir el concepto “honradez e instrucción notoria” para la mayoría de cargos públicos. Un gran favor nos harán…
Investigador Educativo/ opicardo@asu.edu