La intención de cambiar la Constitución de El Salvador se empezó a concretar. En numerosas ocasiones el vicepresidente de la República expresó la supuesta necesidad de reformar la Carta Magna, aduciendo que se debe modernizar la parte orgánica del Estado, específicamente rediseñar instituciones como la Corte de Cuentas de la República y el Tribunal Supremo Electoral. Recientemente, dicho funcionario fue delegado para coordinar el “Estudio y propuesta de reformas a la Constitución de la República”. Antes de pensar en reformar o cambiar la Constitución, mejor cumplamos la ya vigente.
Una de las principales características de toda Constitución es su “vocación de permanencia”, es decir, mantenerse a lo largo del tiempo. La madurez o longevidad de una Constitución es muestra de estabilidad de las sociedades en las que son instauradas. Existen constituciones activas que tienen más de 200 años de vida, por ejemplo, la de los Estados Unidos de América (1789), la de Argentina (1853) y la de Australia (1901). Por tanto, no es cierto que necesitemos una nueva Constitución debido a su antigüedad. Lo que más urge es fomentar una cultura constitucional en la que los ciudadanos sean conscientes de sus derechos y valoren la Constitución de 1983.
Tener una Constitución antigua no significa encontrarse anclados al pasado. Lo plasmado en la Constitución se adecua a la realidad de cada tiempo mediante las interpretaciones que realiza en sus sentencias la Sala de lo Constitucional, quien es la encargada de determinar el sentido que se le dará a las normas constitucionales aquí y ahora. Por ejemplo, es cierto que en nuestra Constitución no se encuentran expresamente regulados los derechos al agua, a la información pública o al medio ambiente. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional ha desarrollado el contenido, obligados y límites a dichos derechos mediante las siguientes sentencias: amparo 513-2012 (derecho al agua); inconstitucionalidad 13-2012 (derecho de acceso a la información pública); inconstitucionalidad 37-2004 (derecho al medio ambiente sano). Más que un cambio a la Constitución, necesitamos que se emitan leyes secundarias que regulen a detalle e impulsen los mencionados derechos.
También se ha señalado la necesidad de reformar la Constitución con la finalidad de modernizar las instituciones del Estado. El problema de la debilitada institucionalidad salvadoreña no es la manera como están reguladas en la Carta Magna; primero es imprescindible evaluar el manejo que los actores políticos le han dado a las instituciones durante décadas. Antes que cambiar la Constitución necesitamos que las personas al frente de cada institución cumplan debidamente con el mandato que se les ha encomendado. Las reformas no son la única vía para modernizar las instituciones. Se debe evaluar las posibilidades de cambios en su regulación legal, mejora en los procesos de elección de sus funcionarios y empleados, y en brindarles presupuestos adecuados para realizar su trabajo.
Antes de pensar en una reforma o cambio de la Constitución debemos hacer conciencia del cumplimiento y respeto de la que ya tenemos. La Constitución de 1983 es un texto bastante completo y que contiene candados para la preservación de un sistema republicano. La mayoría de crisis institucionales que ha atravesado el país son producto de un desconocimiento de las normas constitucionales existentes, así como de una falta de cultura constitucional de muchos funcionarios, quienes por cumplir con sus intereses personales pasan por alto la aplicación de la Constitución. Esas crisis no fueron producto de la falta de regulación. Las disposiciones están ahí, solo falta que se respeten y se cumplan.
Abogada constitucionalista.