El gobierno ha estado flotando desde que tomó el poder la idea de reformar la Constitución. No es una buena idea, por tres razones principales. Primero, porque nadie puede argüir que los terribles problemas que acosan al país provienen de problemas constitucionales o que se podrían resolver con cambios a la Constitución. De hecho, la Constitución es muy buena y muy bien adaptada a las necesidades de una sociedad moderna. Hay algunas personas que creen que se le pueden hacer algunas mejoras, pero las únicas que mencionan en público son pequeñas y carentes de prioridad para dedicar tiempo y recursos valiosos a hacerlo cuando hay tantos problemas apremiantes en nuestro país.
Segundo, porque el verdadero problema institucional que tenemos en el país es precisamente que el presidente se niega a respetar cualquier límite que la Constitución pueda imponerle. El costo que esa renegación de la institucionalidad democrática ha tenido y está teniendo en nuestro país es enorme, y se ha vuelto evidente en el pésimo manejo que el gobierno ha hecho de la crisis del Covid19. En su urgencia de usar la crisis para adquirir poderes cada vez más absolutos el presidente no sólo ha violado sistemáticamente los derechos constitucionales de los salvadoreños sino además se entrampó en la única medida que se le ocurrió que podía aplicarse contra el virus: tener encerrada a la población. Así ignoró muchas otras cosas que tenía que hacer para combatirlo, incluyendo mejorar los abastecimientos y las instalaciones de la red de salud, proteger a los equipos médicos que iban a llevar la carga de enfrentarlo, y tener un plan moderno y flexible que pudiera, como en tantos otros países, minimizar los riesgos de la enfermedad y los riesgos de una crisis económica que está a punto de manifestarse en plena fuerza en nuestro país.
Estos problemas se hubieran podido minimizar si el presidente hubiera tomado ventaja del régimen democrático que da fundamento a nuestra constitución, ya que en vez de encerrarse en la única medida que su gobierno podía imaginar, la cuarentena, y tratar de imponerla a la fuerza y de una manera arbitraria a toda la población, hubiera podido beneficiar al país con la colaboración de todos los sectores para diseñar e implementar un plan moderno y efectivo. Los costos para el país de su terquedad de no querer tomar otras medidas esenciales han sido enormes. Han sido particularmente terribles para el gremio médico, que ha sufrido grandes cantidades de muertos por la negligencia de la administración de salud en el cuido de sus vidas, que pudieron haberse salvado con solo un pequeñísimo porcentaje de los más de mil millones dólares que la Asamblea aprobó para el tratamiento del coronavirus.
Tercero, porque es un secreto a voces que la motivación real para cambiar la constitución es la que ha movido a hacerlo a tantos aspirantes a dictadores en América Latina: abrir el camino para la reelección perpetua del aspirante a dictador, facilitar la imposición de la dictadura misma a través de dar ventajas al partido en el poder sobre los otros partidos, eliminar los controles que los pesos y contrapesos de la constitución actual impone sobre el gobierno, y aumentar el poder del presidente para volver legales sus actos arbitrarios y sus abusos de poder. Esta sospecha adquiere total credibilidad porque el presidente que desea cambiar la Constitución se ha distinguido por violarla de una manera tan flagrante que no ha sido vista desde el siglo XIX. ¿Por qué más un presidente y un partido (o serie de partidos) que nunca han mostrado respeto por el imperio de la ley van a querer cambiar la ley fundamental si no es para quitarle todos los dientes y permitirle al presidente actuar arbitrariamente bajo la sombra de una constitución que todo se lo permitiría?
Ya es hora de ver que la verdadera solución a este problema no está en cambiar la Constitución sino en exigir que el presidente la cumpla. El pueblo debe usar su voto con dos propósitos. Uno, para evitar darle al presidente el poder constitucional para que destruya la Constitución. Dos, para ir reconstruyendo la estructura institucional que el presidente y años de descuido han deteriorado a su triste estado actual. Para eso, tiene que salir a votar, y saber para qué está votando, y exigirlo con todo el peso de la opinión pública.
Máster en Economía
Northwestern University