PUESIESQUE…está por cumplirse un trimestre desde el golpe de Estado del 1 de mayo de 2021 y, al parecer, desde el Órgano Ejecutivo (CAPRES) y sus adláteres, ahora incluyendo a los órganos Legislativo (AL) y Judicial (sobre todo, la CSJ), se asume que el desmantelamiento de la institucionalidad democrática ya se consolidó y que, entonces, ya solo falta la reforma y/o nueva Constitución para dejar claro, de una sola vez, que el grupúsculo -incluyendo familiares, compadres, aduladores y aprovechados- que rodea al líder mesiánico, no abandonará el poder estatal en 2024.
La “refundación” de la República mediante una nueva Constitución será, entonces, la formalización para establecer en el país, ya sin máscaras democráticas, una dictadura de tipo familiar, como la que ya vivió El Salvador al inicio del siglo XX con la dinastía Meléndez-Quiñónez, en la una sola familia controló el poder estatal durante 14 años.
Esa es la vergonzosa herencia que nos quieren dejar quienes, por ejemplo, participaron o participan en el espurio Comité ad hoc para la reforma constitucional (donde no hay un solo constitucionalista), o quienes diseñaron, participaron y ejecutaron el golpe de Estado del 1 de mayo de 2021 (incluyendo diputados, las personas que ilegítimamente ocupan las oficinas de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia -SCn/CSJ- y los “diseñadores” del golpe, como el Secretario Jurídico mencionado en la Lista Engel y su mal llamado asesor jurídico).
Parte de la estrategia de los golpistas es fingir normalidad y, por ello, los diputados oficialistas siguen hablando de representación política, cuando en realidad solo escuchamos de ellos vaniloquios, diatribas y, sobre todo, cada vez que hablan dejan en evidencia su bajísimo nivel intelectual, al grado que la AL es ya una simple caja de resonancia de CAPRES; o, por otro lado, las personas que ilegítimamente ocupan oficinas en la SCn/CSJ visitan centros judiciales y organizan fiestas: sin embargo, todas esas acciones no son más que pura escenografía, expresión de una ficción social y una estafa política.
Pero, no nos engañemos por el humo de colores que los golpistas lanzan (como esas comisiones legislativas de investigación, que no pasan de un show bufo de mal gusto), y seamos francos: desde el 1 de mayo de 2021, el país está en una situación de -para decirlo muy respetuosamente- ANORMALIDAD, ya que desde esa fecha ni existe separación de poderes, ni existe garantía de protección de derechos de las personas.
Y esa situación de anormalidad se profundizará cuando la improvisación y la incompetencia de los actuales gobernantes produzcan los efectos negativos en la situación económica y social de las personas: cuando los bolsillos de la gente sufran las indeseadas consecuencias del peligroso experimento de implementación del bitcoin como moneda; cuando -como se prevé por especialistas- se nacionalicen los ahorros previsionales y, por ende, las personas pierdan todo lo que tienen ahorrado en sus cuentas para pensiones; cuando por el alto endeudamiento del país, ya no existan fondos para continuar con el clientelismo político de repartir bolsas de comida; cuando se destape la muy probable corrupción del régimen gobernante; cuando se criminalice más la protesta y la denuncia.
Pero, no nos engañemos: la realidad es testaruda. Así que en el día a día, el país afronta los mismos problemas estructurales, por lo que quienes creemos en la posibilidad de progreso a través de la participación social y de las herramientas democráticas, debemos seguir denunciando y criticando esta situación de anormalidad y a los “subnormales democráticos” que la han provocado, pues es la única forma de preservar lo poco que se conserva de una frágil democracia y, así, enderezar el rumbo.