Las “plazas cobra” y las plazas innecesarias al interior de la Asamblea Legislativa eran un secreto a voces. Se hablaba de la gente que no llegaba a trabajar, pero que el día de pago estaba puntualmente cobrando un salario proveniente del Órgano Legislativo (de ahí el nombre). Lo que no sabíamos era la magnitud del descaro. Ya no es una leyenda urbana, hoy las “plazas cobra” tienen nombre y apellido.
Durante la semana pasada, mediante diversas notas, El Diario de Hoy reveló cómo la Asamblea Legislativa se ha convertido en una de las verdaderas fábricas de empleo del Estado, detallando —con nombre y apellido— como una cantidad exagerada de grupos familiares han convertido a este órgano de Estado en su fuente de supervivencia. Y lo peor de todo es que muchas de esas personas ni siquiera realizan un trabajo efectivo propio de la Asamblea Legislativa.
En esas notas se detallan diputados contratando a familiares, a familiares de los familiares, a amigos, etcétera; también se revela a exdiputados contratados como asesores legislativos, una de las cuales ni siquiera vive en el país pero se le siguió pagando; a personas que realizan trabajo partidario pero cobrando en la Asamblea Legislativa; empresarios de transporte en la planilla institucional. Así podría seguir detallando los cientos de casos que han salido a la luz. Corrupción, nepotismo, sinvergüenzada; ya ni los calificativos alcanzan para describirlo.
Una cuestión grave de estos casos es que existe una erogación presupuestaria del Estado para pagar los salarios de estas personas; sin embargo, los resultados del trabajo que deberían realizar son escasos o muchas veces inexistentes. Se trata de un derroche de los fondos públicos sin ninguna justificación. En una nota de “LPG Datos” se detalla como las plazas de la Asamblea Legislativa han pasado de 546 en el año 2000, a 2,507 en el año 2020. El costo en esos veinte años paso de $8,062,485 a $39,242,515.
Por otra parte, las “justificaciones” de muchos diputados han sido que “están amarrados de manos porque las personas gozan de estabilidad laboral o derechos adquiridos”, concluyendo en que nada se puede hacer al respecto. Esta postura es lamentable y reprochable. Si el concepto universal del salario es “remuneración periódica obtenida a cambio de un trabajo realizado”, resulta un sin sentido que pretendan proteger a una persona cuyos derechos cesan desde el momento en que no cumple con sus deberes. También es lamentable que otros diputados se han escudado en que “en todas las instituciones se hace lo mismo”, cuando en todas debería eliminarse esta mala práctica.
Los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, si quieren levantar cara frente a la población, deben iniciar un proceso de depuración de su planilla a fin de eliminar las plazas innecesarias. En vez de basarse en justificaciones sin sentido, los diputados deberían empezar a liderar el combate al nepotismo y corrupción mediante el ejemplo en sus fracciones legislativas. Deben impulsar reformas para que todas las dependencias del Estado evalúen sus planillas y se queden trabajando quienes son idóneos para los cargos, así como quienes trabajen para ganarse honradamente un salario.
En buen salvadoreño, el Estado es un chucho flaco lleno de garrapatas. Una Hacienda Pública con recursos limitados y aun así, personas inescrupulosas lo utilizan para beneficio propios. Y aquí no solo hay que incluir a quienes mueven hilos para contratar a alguien con base en tráfico de influencias, sin ser aptas para el cargo; también, a aquellas personas a las que se les otorga una oportunidad laboral y no realizan el trabajo con honestidad. El Estado urge de una limpia a nivel general.
Abogada.