El líder que no esté listo para combatir la corrupción no será un aliado para Estados Unidos”. Así se expresó Juan González, Asesor de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental del presidente Joe Biden, en declaraciones al medio de comunicación El Faro, con sede en El Salvador, apenas una semana después de la toma de posesión. Su mensaje, dirigido a los líderes de ese país y de toda la región, fue claro.
Nayib Bukele ganó la presidencia de El Salvador con una plataforma anticorrupción, excoriando la malversación de los dos partidos nacidos durante la guerra y que gobernaron el país desde la década de 1980. Aunque Bukele cumplió pronto con su promesa de crear una comisión anticorrupción, desde entonces ha empezado a actuar como un autócrata, desprestigiando a los críticos en la prensa y a los grupos de derechos humanos, pintando a los tribunales y al Poder Legislativo como enemigos y ordenando a los militares a ocupar la Asamblea Legislativa en 2020. Tras un reciente tiroteo mortal a activistas de un partido político de la oposición, acusó a sus oponentes de haber organizado ellos mismos el ataque.
Si sus altísimos índices de aprobación son un indicio, parece haber funcionado la táctica de Bukele de utilizar la lucha contra la corrupción como un garrote contra los partidos de la oposición, reforzando su popularidad y socavando los controles sobre el Estado. Si su partido Nuevas Ideas gana las elecciones legislativas este mes, como se espera, podría después consolidar su poder sobre los tres órganos del Estado.
La iniciativa de Bukele de colaborar con la Organización de Estados Americanos (OEA) para crear la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en El Salvador (CICIES) en 2019 parecía más bien un gesto simbólico. La CICIES carecía de los ingredientes que habían hecho un éxito de su predecesora vecina, la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) de Guatemala, es decir, un mandato de investigación independiente, capacidad para ayudar a procesar los casos, mandato para presionar públicamente a los funcionarios sobre los delitos, y mecanismos de colaboración con la sociedad civil. De hecho, Bukele nunca presentó el acuerdo de la CICIES a la Asamblea Legislativa para su ratificación y se limitó a relegar a la Comisión a un acuerdo basado en la buena voluntad del poder Ejecutivo y del Secretario General de la OEA. Esta decisión ahondó la percepción entre las organizaciones de la sociedad civil de que la Comisión era simplemente una vistosa herramienta del Ejecutivo y no un mecanismo vinculante e independiente.
Al mismo tiempo, se ha hecho más evidente la necesidad de una comisión anticorrupción externa. La impunidad en El Salvador es profunda. Hasta la fecha, la gran mayoría de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en las últimas décadas sigue sin ser castigada. Un estudio reveló que solo el 10% de los casos presentados ante el fiscal general entre 2013 y 2018 acabaron en condena. Las notorias pandillas del país persisten. Aunque los homicidios se han reducido drásticamente bajo el gobierno de Bukele, periodistas de investigación descubrieron en septiembre pruebas de que el presidente podría haber llegado a un acuerdo con los líderes de la pandilla MS-13, concediéndoles mejores condiciones carcelarias a cambio de una reducción de los asesinatos y de su apoyo electoral.
Pero la CICIES, con su equipo de jueces, investigadores y auditores nacionales e internacionales, ha demostrado que tiene dientes. En noviembre, basándose en documentos descubiertos en cooperación con las auditorías forenses de la CICIES, los fiscales salvadoreños allanaron 20 oficinas del gobierno, incluidos los ministerios de Salud y de Hacienda, actuando sobre denuncias de fraude y contratos ilegales en el manejo de los fondos de emergencia para el COVID-19. Los funcionarios de Bukele estaban implicados en la corrupción masiva.
Aunque Bukele le restó importancia, la redada inspiró otras iniciativas y una coalición de organizaciones de la sociedad civil ha elaborado un proyecto de ley que otorga a la CICIES mayor autonomía y capacidad. Presentada a la Asamblea Legislativa este mes, la medida consolidaría la independencia de la Comisión, reforzaría sus poderes de investigación y crearía una vía para participar en los procesos con el fiscal general. Si se convierte en ley, obligaría a todas las instituciones del Estado a colaborar con la CICIES en las investigaciones y garantizaría una mayor transparencia en el trabajo de la Comisión y las finanzas.
El Salvador se encuentra ahora en una encrucijada. Si no se aprueba la legislación propuesta y no se resuelve la dependencia de la Comisión con el Ejecutivo, ésta puede convertirse en una herramienta politizada para socavar el Estado de derecho.
Sin embargo, al momento de escribir este artículo, la propuesta ha despertado un renovado interés en la lucha contra la corrupción y el futuro del CICIES. Una amplia coalición de organizaciones de derechos humanos, ONGs, grupos de reflexión, universidades y organizaciones comunitarias se han unido en torno a la propuesta. Muchos legisladores salvadoreños han apoyado públicamente, por primera vez, la creación de una comisión internacional, y algunos de ellos han pedido que se cree un organismo respaldado por las Naciones Unidas en lugar de la OEA.
El Fiscal General también se ha sumado, diciendo que “si la Asamblea Legislativa establece que hay que reformar la CICIES, que hay que mejorarla, que hay que darle nuevas herramientas, pues no podemos estar en contra de eso”. Elogiando el diálogo en torno al fortalecimiento de la CICIES como uno de los “destellos de esperanza” de El Salvador, la ex embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte, escribió en El Faro que ella no tenía “ninguna duda de que la recién inaugurada administración Biden ofrecerá su apoyo a este y otros esfuerzos similares”.
Al igual que con la CICIG antes, la ampliación de los poderes de la CICIES crearía un espacio para que la sociedad civil y los funcionarios públicos honorables hagan su trabajo sin miedo, mostrando a los salvadoreños que la corrupción puede ser castigada. La inauguración de la administración Biden, quien se ha comprometido a reforzar la lucha contra la corrupción y la autocracia, llega en un momento propicio. Mientras los Estados Unidos busca salvar su propia democracia, tiene la oportunidad de apoyar a los salvadoreños en su lucha contra la autocracia, la impunidad y la corrupción. El futuro de la democracia en El Salvador depende de ello.
Bullock es el Director Ejecutivo de Cristosal, una organización de derechos humanos con sede en El Salvador. Call es profesor y director del Programa de Paz Internacional y Resolución de Conflictos de la Escuela de Servicio Internacional de la American University.
Por Noah Bullock y Charles T. Call
Surprise: El Salvador’s Anti-Corruption Commission Is Alive. But Can It Succeed?