El Derecho a la Vida es un valor innegociable. Punto. Si usted se atreve a someter lo dicho a una mesa de discusión en nombre de los “derechos de la mujer”, y otros artificios, probablemente usted carezca de valores innegociables. Entonces usted ajusta sus valores según lo que más le conviene, desde evitarse la incomodidad de polemizar o recibir algo a cambio por ello, como dinero o poder. En El Salvador quieren legalizar el aborto (o genocidio intrauterino) por medio de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el “Caso Manuela”.
La condenada por homicidio agravado en cuestión respondió al nombre de María Edis Hernández Méndez de Castro por el asesinato de Dolores Gabriel H. Según las pruebas forenses, la mujer dio a luz a Dolores Gabriel recostada en su habitación. Se levantó con frialdad, arrancó desde la base el cordón umbilical de su bebé, dejándole un agujero en su pequeño vientre y luego lo arrojó a la letrina del fondo de su casa.
Al cadáver del pequeño Dolores Gabriel se le extrajeron heces fecales de la nariz y la boca. Los médicos determinaron que su muerte fue por asfixia y debido a la hemorragia severa causada por el arrancamiento violento de su cordón umbilical. Su muerte no fue inmediata ni rápida, fue una tortura, pues el peritaje indicó que pudo haberse demorado de 10 a 15 minutos en agonizar hasta morir ya que era un niño completamente formado. De allí fue donde lo sacaron los bomberos, donde fue encontrado flotando, desnudo, entre gusanos, heces fecales y otros desechos humanos. Allí, en la oscuridad y el frío de una letrina, se terminó su vida. Pese a las pruebas mencionadas la CIDH juzgará al Estado salvadoreño por haber condenado a prisión a Hernández de Castro tras la denuncia de agrupaciones aborteras en el país que reclaman que a Hernández de Castro se le condenó supuestamente por aborto cuando el peritaje correspondiente indicó que se trató de un infanticidio.
El gobierno que preside Nayib Bukele deberá demostrar que a la homicida se le encarceló como correspondía por el delito que cometió. El Ejecutivo salvadoreño debió contratar desde 2018 a expertos en litigio internacional, sin embargo, no lo hizo. Menos aún ha presentado una defensa notable ante la CIDH, por desgracia no se auxilió de suficientes peritos, abogados, ginecólogos u obstetras; en resumen, no está defendiendo al país como se precisa. De persistir esta ineptitud la CIDH encontrará culpable a El Salvador, lo cual no es cierto y estaría obligando a instalar el aborto dentro por medio de un nuevo Protocolo de Salud que busca cambiar el concepto de Secreto Profesional de los médicos y enfermeras en El Salvador.
El juicio estaba programado para el pasado año, pero a razón de la pandemia se pospuso para marzo de 2021. Este es un recurso legal con el que el Centro de Derechos Reproductivos y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto se relamen para perpetrar el aborto no punible en el país sin que el tema pase por el debate en el Pleno Legislativo donde están los diputados que el pueblo salvadoreño ha elegido democráticamente. Es doloroso que nuestra soberanía esté en manos de funcionarios quienes no tienen aún intención de defender las pruebas del infanticidio sufrido por Dolores Gabriel Hernández. Si usted aún no tiene una opinión formada sobre el “Caso Manuela” acuda por favor al sitio web: casomanuela.com. Ahí encontrará todo lo relacionado con detalle para que se decante con firmeza a defender el Derecho a la Vida en El Salvador. Documéntese, no sea que le tomen por sorpresa con la verdad en mano como al artista musical puertorriqueño René Pérez Joglar (El Residente), quien ha sido reprobado recientemente en Twitter por apoyar a “Las 17” (mujeres condenadas por Infanticidio en El Salvador) bajo el hasthag: #ResidenteApoyaInfanticidios. Exijamos que el Derecho a la Vida se respete en El Salvador.
Periodista.