La CICIES cuenta con un acuerdo marco suscrito entre la OEA y el Gobierno de El Salvador. Sus alcances, por ahora, se limitan a rastrear la corrupción al interior del Órgano Ejecutivo. Esas competencias pueden ampliarse en la medida que consiga la ratificación legislativa aunque en ningún caso podrá sustituir a la Fiscalía General de la República (FGR) como la única instancia para dirigir la investigación del delito. Sólo una reforma constitucional podría cambiar ese monopolio.
No obstante sus limitaciones actuales y en el entendido que presentará información a la FGR sobre presunta corrupción en los ministerios y en algunas instituciones autónomas, la CICIES puede coadyuvar en por lo menos cinco aspectos: la elección de segundo grado de funcionarios, el desempeño de la Corte de Cuentas de la República (CCR), el fortalecimiento de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el refuerzo de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la FGR y la regulación del financiamiento político.
Ciertamente la CICIES no tiene iniciativa de ley. Lo que sí está dentro de sus posibilidades es la capacitación técnica de jueces, fiscales y auditores y la elaboración de reformas legales para ser consideradas por las autoridades competentes y luego introducidas a la Asamblea Legislativa por quienes tengan facultad para ello. La firma de convenios con la FGR y la CSJ posibilita este tipo de cooperación técnica.
Varias organizaciones de la sociedad civil, incluyendo la academia y centros de pensamiento, elaboraron un análisis que contiene modificaciones al Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa para mejorar los procesos que se aplican en la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral y de la CCR, así como de los titulares del Ministerio Público. En la medida que persistan las deficiencias para documentar la idoneidad y competencia de estos funcionarios y mientras no se documente correctamente su desvinculación con los partidos políticos, además de la incertidumbre que se genera mientras la Sala de lo Constitucional resuelve posibles vicios de procedimiento, se mantendrá el riesgo de poner al frente de estas instituciones a personas con claros intereses ideológicos o, lo que es peor, con ataduras al crimen organizado. La CICIES podría retomar el trabajo señalado e impulsar un debate serio entre los partidos políticos.
Por otro lado, la CCR continúa siendo la única entidad en la que sus miembros son electos por 43 votos y no con la mayoría calificada (56 votos) que exige la Constitución para el resto de nombramientos. Los señalamientos acerca del incumplimiento de las funciones que tiene asignada constitucionalmente la califica como un débil eslabón dentro del sistema anticorrupción salvadoreño. Junto a la Sección de Probidad de la CSJ y a la UIF de la FGR, la CCR necesita reforzar la pericia técnica de sus auditores. Se trata de exámenes en los que deben imponerse la objetividad y la aplicación de normas internacionales de auditoría pública que puedan determinar si existen indicios de enriquecimiento ilícito, de lavado de dinero o cuestionamientos acerca del uso de los fondos públicos, respectivamente. La contribución de la CICIES en este rubro pasa por el aporte de tecnología para acelerar las investigaciones, el personal calificado, profesional e independiente que transfiera conocimiento a las respectivas unidades y la elaboración de las reformas pertinentes para discusión de los legisladores.
Un rubro esencial para la lucha contra la corrupción es el del control del dinero que reciben los partidos políticos. Por esa puerta se han colado en América Latina millones de dólares provenientes del narcotráfico o de negocios sucios. La CICIES podría reforzar la capacidad del Tribunal Supremo Electoral solicitando, junto a la Plataforma Ciudadana Electoral y a otros consorcios, la creación de una Unidad especializada que fiscalice, en tiempo real, las aportaciones que obtienen los partidos, principalmente en épocas de campaña. De nuevo la entrega de equipos informáticos, la profesionalización del personal y las modificaciones de ley para incrementar las sanciones a quienes incumplan la legislación electoral son respaldos estratégicos que podría considerar la CICIES.
Al finalizar su estadía en el país, el auxilio de la CICIES se medirá en términos del robustecimiento de la institucionalidad encargada de combatir la impunidad y la corrupción. Además de apoyar a la FGR a conseguir condenas ejemplarizantes para los corruptos, la CICIES tendrá que apostarle, quizás con más fuerza y efectividad, a vigorizar el funcionamiento del entramado institucional encargado de erradicar aquellos dos flagelos. Su trabajo autónomo e independiente de toda presión política, será la columna de hierro para ganar la confianza de todos los sectores.
*Doctor en Derecho y politólogo