¿Regreso al pasado?

Resultan muy preocupantes, por decir lo menos, algunos recientes hechos como la evidente persecución política a los adversarios del gobierno y la instrumentalización que el Ejecutivo hace de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, desnaturalizando los objetivos con que fueron creadas.
Nuestra Constitución de la República, en su artículo 159, otorga a la PNC las labores de seguridad pública y la describe como un cuerpo profesional independiente de la Fuerza Armada y ajeno a toda actividad partidista; sin embargo, las actuaciones que hemos visto últimamente distan mucho de lo que la ley les obliga a ser.
Desde un director que incumple sus obligaciones hasta policías que actúan no solo al margen de la ley sino a complacencia del partido político del gobierno, es bueno que los cuerpos de seguridad recuerden que las leyes existen para que, independientemente de quién gobierne al país, ustedes mantengan su misión de garantizar el orden, la seguridad y la tranquilidad pública.
Con el inicio del proceso electoral estamos viendo que el partido del gobierno está intentando desvirtuar las funciones del Tribunal Supremo Electoral, en lo que parece ser un intento por revivir viejas prácticas que buscaban el gane a través del fraude.
Los que dicen tener nuevas ideas para hacer política deben tener presente que desde la firma de los Acuerdos de Paz todas las elecciones se han desarrollado por la vía del voto democrático, dejando atrás aquellas viejas prácticas de personajes que se enquistaron en el poder por la vía del fraude.
Somos testigos de cómo desde el Ejecutivo se hace campaña política no solo con los recursos que nos pertenecen a todos los salvadoreños, sino metiendo la idea de que se está fraguando un fraude en contra de su partido político. Esto, sin justificación alguna, sin leyes que les ampare semejantes afirmaciones y sin decir que muchos de sus candidatos sencillamente no cumplen con los requisitos de ley para ser inscritos.
Las personas decentes y respetuosas de la ley no podemos aceptar la manipulación de la PNC con motivaciones políticas, tal como hemos visto en dos casos relacionados a las Juntas Electorales en los que la policía, ignorando el límite de sus funciones y la ley, ha convertido a dos miembros de JED en presos políticos, algo que no veíamos desde los remotos tiempos de la guerra interna.
Desde el presidente de la República hasta los miembros de su partido deben entender que el proceso electoral es parte de nuestra democracia, la legitimidad de quienes alcancen los votos para convertirse en funcionarios públicos no se limita al mero día de las elecciones; es un proceso que por ley va teniendo sus filtros, con el objetivo de que las personas cumplan con los requisitos para competir.
Los funcionarios tenemos una enorme responsabilidad al ejercer nuestros cargos, pero el presidente lo tiene aún más, no solo porque así lo dicte la Constitución de la República, sino porque existe un componente moral y ético que así lo obliga.
Los salvadoreños pagamos muy caro el precio de la democracia, pero los años que han transcurrido desde la firma de los Acuerdos de Paz nos han demostrado que valió la pena. De nosotros depende no regresar a la oscuridad del pasado.