Este es un relato sobre otro suceso más que probablemente para la mayoría de personas pase inadvertido. Lamentablemente vivimos en un país en donde a regañadientes pagamos impuestos pero pocos, muy pocos se preocupan por el qué hacer de esos fondos públicos. Hoy, me enfocaré en una cifra en específico: $274.7 millones de dólares, poco más de un cuarto de un millón de millones. Este es el monto por el que la Asamblea Legislativa, con 72 votos, tuvo que, faltando un mes para que finalice el año, modificar el Presupuesto de la Nación de 2021 para transferir ese cuarto de millardo a la recién creada Dirección de Obras Municipales (DOM). ¿Qué harán en tan solo un mes con todos esos millones?
Tristemente no habrá muchas o ninguna manera de saberlo, porque cuando esta Asamblea Legislativa aprobó hace unos días la creación de la DOM, en uno de sus artículos se expresaba clara y descaradamente que esa dirección no estaría sujeta a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), es decir, que no rendirán cuentas, probablemente también extenderán contratos con graves conflictos de interés, así como lo hicieron a sus anchas durante la pandemia y también centralizarán obscenas cantidades de dinero para quién sabe qué. La DOM se estrenará con un cuarto de millardo aprobado de forma exprés para ejecutarse en un mes a espaldas de la ciudadanía, completamente a oscuras.
Otro aspecto importante a tener en cuenta sobre la DOM es que después de que el oficialismo sepultara el FODES, las obras municipales, en lugar de gestarse desde la administración de sus municipios, serán acaparadas por el Ejecutivo, dándole más poder y mayor concentración en la toma de decisiones, al Presidente de la República. El oficialismo argumenta que este es otro hecho histórico para atender a la población, mientras que los expertos hablan de dos cosas: la primera es que la DOM será un punto de encuentro para el derroche de fondos públicos, y la segunda es que pareciera que este es otro engranaje más del plan dictatorial que cada día avanza más y más aceleradamente. Mientras la deuda pública del país se desborda en este Gobierno, superando en 2 años y medio a los últimos 15 años, la Navidad llegó con un cuarto de millardo para la gestión del bukelismo.
“El dinero alcanza cuando nadie roba”, esta frase será recordada como una de las más cínicas expresiones de la política salvadoreña. El dinero no está alcanzando, y el robo de fondos públicos pareciera ser la constante en medio de esta oscuridad, porque no hay transparencia, no sabemos qué se está haciendo con nuestros impuestos. En 2022, el mismo presupuesto que tendrá asignada la rama de Educación representará la misma cantidad de dinero que hará falta para pagar deuda. El Salvador está al borde de un colapso económico serio, y este Gobierno pretende comprar tiempo con los espejismos que le venden a los bitcoiners y muy probablemente con la reforma de pensiones que están guardando como as bajo la manga, la gran pregunta es, ¿y después de eso qué?
Al ver absurdos anuncios como Bitcoin City al lado de modificaciones presupuestarias de última hora para encaminar un cuarto de millardo de dólares hacia la opacidad, es imposible no preocuparse por la estabilidad financiera del país. El hambre acecha y ojalá se termine por devorar a este aprendiz de dictador. No sé si realmente el Presidente solo improvisa sin medir las consecuencias o si cree que los bonos de Bitcoin que emitirán serán la salida milagrosa de este agujero, pero, como lo dije en un cartel durante una manifestación —foto que él ridiculizó esta semana en su cuenta de Twitter—, “nuestros sueños no son como el Bitcoin. No especulen con la gente”.
Comunicólogo y político