Los sucesos, aunque no relacionados entre sí, muestran la importancia del acceso a la información pública y la responsabilidad de los funcionarios. Un caso es la demanda interpuesta contra autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y los miembros del Consejo Directivo en el período 2009-2012; otro es la ratificación por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública que ordena al Ministerio de Defensa reconstruir información sobre operativos militares durante el conflicto armado.
Un adolescente sufre los estragos de parálisis cerebral a consecuencia de la aplicación de un medicamento cuando estuvo ingresado en la Unidad de Cuidados Neonatales del ISSS, en el año 2005. La demanda interpuesta surge tras el fallo de la Sala de lo Constitucional de julio de 2015 que declaró que tal decisión puso en peligro la salud de los recién nacidos entre los años 2010 al 2012 y se fundamenta en la Ley de Reparación por Daño Moral; es invocada debido a que en el fallo, la Sala dejó abierto el derecho para que las víctimas puedan demandar a las autoridades que consideren competentes por daños y perjuicios. La negativa del expediente del menor en el Hospital Primero de Mayo activó el trabajo del Instituto de Acceso a la Información Pública, que permitió a su madre acceder al lugar donde son almacenados los registros; sin embargo, no lo encontró. No fue hasta que una petición a la Oficina de Información y Respuesta del ISSS identificó el medicamento suministrado, que se pudo determinar que era el mismo cuyo uso fue prohibido por el Consejo Superior de Salud Pública en octubre de 2010.
En febrero de 2017, la Sala de lo Contencioso Administrativo avaló la legalidad de la resolución del IAIP en la que ordenó al Ministerio de la Defensa recuperar o reconstruir información sobre operativos militares en localidades de San Vicente y Cuscatlán en julio de 1981 y febrero de 1983, solicitada en febrero de 2014 y que fue declarada inexistente. El IAIP dio dos meses de plazo al Ministerio para que fuera recuperada la información. En respuesta interpuso un amparo que no fue concedido por la Sala, la que confirmó lo dictado por el IAIP. Además brindó opciones para ese fin, como realizar nuevamente la búsqueda de la información solicitada, incluyendo todos los archivos de las unidades militares que pudieron estar involucradas en las áreas geográficas indicadas donde ocurrieron los hechos; recabar datos de las personas que pudieron tener acceso a esa información o de quienes participaron, en todos los niveles, en las operaciones o los hechos alegados; y comprobar debidamente la destrucción de documentos oficiales.
Desde abril de 2017 hay un aviso interpuesto por el IAIP ante la Fiscalía General para que determine responsabilidad penal por la destrucción de documentos, lo que ha sido negado desde aquella época por el titular de Defensa. Ambos casos muestran cómo los funcionarios públicos están sujetos a un escrutinio de sus actos, dada la naturaleza de sus atribuciones. No es un asunto personal; es en atención a su investidura que su rol está sujeto al escrutinio. Implica asumir responsabilidades, ya que sus acciones u omisiones según fuera el caso, tienen trascendencia.
Un componente básico de una cultura política democrática es la confianza en las instituciones, entendida como límites a la discrecionalidad y que las funciones son ejecutadas por quienes son obligados a responder ante la sociedad por sus aciertos y errores. La convivencia se complica cuando se genera desconfianza en las instituciones, lo que origina peligros, como el rechazo ciudadano a los procedimientos democráticos.
Periodista