Muchos están convencidos de que la transparencia y la rendición de cuentas no son necesarias y que están diseñadas para afectar a los gobiernos. También que es una forma de bloquear el trabajo de éstos, y que la promoción del acceso a la información pública es una forma de desestabilizar.
Desde la perspectiva de los que aplauden estas acciones, el papel de fiscalización de la función pública por la prensa obedece a intereses mezquinos, que no es necesario; que hay que dejar al gobierno tranquilo para que haga su trabajo, y activan mecanismos de desacreditación a las publicaciones que revelan anomalías en el manejo de fondos públicos; se pone en marcha la lógica de castigar al mensajero.
Es una tendencia casi generalizada en muchos países agravada por la pandemia del COVID-19: restricciones en el acceso de periodistas a ruedas de prensa y en la posibilidad de realizar preguntas, suspensión o extensión de plazos de tramitación de procedimientos administrativos de forma general y/o vinculados con solicitudes de información pública; difusión de información sin base científica por parte de autoridades.
Avalar, fomentar, divulgar información inexacta desde la silla de funcionario no aporta a los objetivos del acceso a la información. Al contrario, fomenta la opacidad. Da paso a la paradoja de que los gobiernos le hablan con deshonestidad a la población a la que han jurado servir.
La Resolución de la CIDH sobre Pandemia y Derechos Humanos resaltó la importancia del acceso a la información en el momento actual por causa del COVID-19. Identifica el rol que cumplen los periodistas en la emergencia de salud pública, cuando informan sobre asuntos críticos y monitorean las acciones del gobierno. El documento reitera la obligación de los Estados de permitir el acceso a las conferencias de prensa oficiales a todos los medios, sin discriminación por línea editorial, a responder preguntas en formato virtual con debida diligencia.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Declaración de Principios de Libertad de Expresión son algunos instrumentos internacionales que establecen la importancia del acceso a la información: buscar, recibir y divulgar información sin ningún tipo de frontera.
Un derecho que es la vía para acceder a otros, como a la salud, vivienda, identidad, vivir en un ambiente libre de contaminación, a un debido proceso, el control de las arbitrariedades y la corrupción. No es poca cosa, son asuntos fundamentales para la convivencia.
Aplaudir bloqueos al acceso a la información es aportar al secretismo, a que no haya transparencia, a negarse a sí mismo el derecho de saber, a ejercer ciudadanía. Es fomentar la corrupción. Parte de ese guion es estigmatizar a medios y periodistas que han documentado posibles anomalías, castigar al mensajero y no corregir de raíz lo mal hecho.
Periodista.