Poco a poco se ha desteñido el brillo de una institución importante en la vida nacional dado su rol. El Instituto de Acceso a la Información Pública había dado pasos sólidos para la construcción de una cultura de transparencia y rendición de cuentas; pero se encuentra en camino a ser anulado por completo, lo que es preocupante.
La opacidad que ahora ostenta es uno de los puntos de retroceso dejados por el 2020. La pandemia de COVID-19 puso en cuarentena el derecho de acceso a la información pública mediante el Decreto No. 599 que reformó uno anterior (el Decreto 593 de Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia COVID-19), por el que fueron suspendidos los plazos para procedimientos administrativos incluidos los de trámite de solicitudes de acceso.
Directrices emitidas por el IAIP exhortaron a las instituciones a adoptar medidas para garantizar que los canales electrónicos para recibir solicitudes de información se encontraran disponibles en todo momento. En la práctica no fueron atendidas por las propias instancias oficiales. El Salvador se sumó así a la lista de países donde, según la organización Reporteros sin Fronteras, la emergencia sanitaria amplificó las cinco crisis que ya enfrentaba la libertad de prensa ante la agresividad de modelos autoritarios, la falta de garantías, la polarización, la desconfianza y el empobrecimiento del periodismo de calidad.
El proceso de elección de comisionados es otra señal de alerta. El sigilo, el hermetismo y la poca transparencia marcaron la llegada de un comisionado vinculado laboralmente al gobierno hasta horas antes de su nombramiento. Salió del cargo, y lo que sería una oportunidad de corregir tal desacierto fue una ilusión que duró poco tiempo.
Entre agosto a noviembre la elección de comisionados propietario y suplente por el sector de periodistas recayó en personas que no han ejercido, proceso del cual fue excluida la Asociación de Periodistas de El Salvador.
Una comisionada propietaria electa por el sector empresarial aspiró a una candidatura a diputada en el proceso interno de un partido político, lo que ha sido criticado porque afecta su independencia.
Tales comisionados, incluyendo al presidente, han formado un bloque que ha adoptado medidas que son consideradas como retroceso en el trabajo de la institución, a partir de reformas al reglamento de la Ley de Acceso a la información Pública, emitido por Casa Presidencial, que dio 10 atribuciones al comisionado presidente sobre la organización del Instituto. Los cambios incluyen la posibilidad de que una persona impugne candidaturas a comisionados. También en el caso de apelaciones se exige que sea presentadas ante el oficial de información que negó la información, previo a gestionarla ante el IAIP. Otorga más poderes al presidente de esa entidad respecto a los demás miembros; modifica el proceso para liberar información reservada u oculta, así como elimina requisitos para ser comisionado.
Estos últimos cambios han sido suspendidos por la admisión de un recurso que hizo la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. No deben ser aplicados hasta que haya resolución.
Recientemente el IAIP de nuevo formó mayoría con los votos de los comisionados presidente y los del sector periodistas y empresarial para que se suspendiera las grabaciones de las reuniones del pleno; era un instrumento que garantizaba el principio de máxima publicidad, al ser compartidas en la página de transparencia del Instituto.
En un comunicado el Instituto atribuyó la decisión a la que llamó fuga de información registrada en 2019 y se comprometió a que los acuerdos serán plasmados en un acta ratificada por los comisionados, que será de acceso público. Muchos consideran que el IAIP ha sido debilitado por estas acciones, que lo alejan de postulados internacionales como transparencia, el derecho de acceso a la información, el derecho a la participación ciudadana y la obligación de las autoridades a la rendición de cuentas de la gestión pública.
Periodista.