No es que sorprenda porque no lo imagináramos, pero el nivel de abuso es indignante y grosero.
El Diario de Hoy y un diario digital, han revelado trabajos periodísticos que ponen en evidencia el desmedido nepotismo en la contratación de familiares, activistas y allegados de todo tipo, en la desprestigiada Asamblea Legislativa, cifra que al menos se triplicó en los últimos once años. Entre los hallazgos destaca la enorme parentela del diputado Guillermo Gallegos, de GANA.
Ante tal descaro, que solo es la punta de un enorme iceberg, no cabe duda de que El Salvador se asienta sobre un sistema basado en la abusocracia, que tiene como principales manifestaciones, a la cacocracia, como el gobierno de los ineptos, y la cleptocracia, que es el gobierno en manos de ladrones.
La Abusocracia, término utilizado por el escritor español Javier Marzal en su obra del mismo nombre, hace referencia a un sistema social corrupto en el que los que detentan poder en las instituciones públicas lo utilizan, antes que nada, mirando el beneficio propio a obtener, perjudicando con ello los intereses delegados de sus representados. No es difícil entender, entonces, que nos ha gobernado por décadas una banda de abusivos, ineptos y ladrones.
Y es que para que este sistema de abusos prevalezca en el tiempo, necesita de un sistema de instituciones de control que no controlen, de modo que la abusocracia procura que ni las leyes, ni quienes las dictan, ni quienes las apliquen alteren esencialmente la ecuación que permite fluir los “beneficios”. A fin de cuentas, los cleptócratas necesitan de sociedades corruptas, en las que tanto gobernantes como gobernados asuman que así son y han sido las cosas, con lo cual la tolerancia y docilidad ante el abuso adquieren un rasgo de plena ciudadanía.
De la autoría y complicidad en la feria de empleos estatales nadie se escapa. Todos los partidos políticos representados en la Asamblea han sabido hacer del recinto legislativo su propia fábrica de empleos: Hay 1239 empleados bajo la discrecionalidad de los partidos políticos, y los niveles de abuso llegan a lo inverosímil, cuando cada uno de los 3 diputados del PDC disponen de 28 empleados; sin olvidar además, que todos los partidos igualmente han influido —a prorrata— en la contratación de los restantes 1078 empleados institucionales. Una minoría son trabajadores idóneos, independientes y calificados. La mayoría, son cuota de una “finca” que los políticos asumen como propia.
Que la ex diputada del PCN, Cristina López, radicada en el extranjero, siguiera ganando sin trabajar, como “asesora de deportes”, dos mil dólares mensuales, no es solo un estúpido error, sino que podría haber cometido delito. Sus recientes revelaciones en twitter, sobre más y mayores abusos por parte de otros “ilustres” correligionarios, no la exculpan, máxime cuando no ofrece devolver con intereses los fondos públicos ilegalmente aprovechados. Un caso más para el Fiscal General…
La piñata de plazas estatales no es exclusiva por supuesto del Órgano Legislativo. Centenares de abusos semejantes se cuentan desde Casa Presidencial y el Gobierno Central, hasta las instituciones autónomas y el Órgano Judicial.
La Ley de Ética Gubernamental es débil y carece de dientes, pero es el instrumento flojo e inútil que los mismos que controlan el sistema de abusos y corrupción se recetaron. No hay una ley del servicio público, porque aquí no conviene la competencia, capacidad, ni el mérito, sino los favores, el compadrazgo, la “oportunidad” y el clientelismo. Razón tuvo Cicerón, el gran jurista Romano: “Servirse de un cargo público para enriquecimiento personal, resulta ya no inmoral, sino criminal y abominable”.
Abogado.