El pasado miércoles, a dos días de cerrar el año, la cámara alta del Congreso argentino aprobó, con 38 votos a favor, la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo sin restricciones durante las primeras catorce semanas de gestación. De esta forma, Argentina se convirtió en el tercer territorio en América Latina en permitir el aborto libre, luego de Cuba, donde se aprobó en 1965, y Uruguay, en 2012. Este hecho marca un hito en términos del poder de la organización ciudadana, los logros del movimiento feminista y su capacidad de incidir en las decisiones de la esfera política, e indudablemente servirá como un faro para guiar la causa en todo el continente.
Sin embargo, el camino para la sanción de la ley no fue fortuito ni sufrió pocos reveses: fue fruto del inmenso poder de organización e influencia del movimiento que por décadas se ha manifestado, donde, en agosto de 2018, el senado, influenciado por el poder clerical, había dicho “no” al aborto. El motor de la lucha es la convicción de que la mujer debe tener la capacidad de la libre determinación sobre su propio cuerpo y el derecho a proteger su propia vida. Recordemos que, según Human Rights Watch, cada año miles de adolescentes y mujeres mueren a causa de la ejecución de abortos clandestinos. Esta medida, pues, viene a amparar y garantizar a la mujer el acceso a atención médica oportuna.
En nuestro país, el aborto está prohibido en cualquier circunstancia, bajo una de las legislaciones más estrictas de la región. A pesar de esto, salvando el hecho de que no se encuentran registros recientes, el Ministerio de Salud estimó que, entre 2005 y 2008, se habían practicado casi veinte mil abortos, por lo que es un fenómeno vivo que debe ser visibilizado. Más aún, en El Salvador, el aborto se criminaliza; en la actualidad, más de veinte mujeres se encuentran en privación de libertad por interrumpir su embarazo, condenadas por delitos de homicidio o, incluso, homicidio agravado. Aunado a esto, resulta, además, preocupante la culpabilización que, en muchos casos, reciben las víctimas en uno de los países con los más altos índices de violencia sexual y registros de embarazos en menores de edad.
Sin embargo, y por esta misma razón, la despenalización del aborto debe ser solo uno de los objetivos que se plantee nuestro país en lo que respecta a defender la vida de la mujer y garantizar sus derechos sexuales y reproductivos. Es imperativo que se imparta un plan de educación sexual integral en los recintos de educación básica y secundaria. En julio de 2018, la Asamblea Legislativa aprobó el dictamen desfavorable de la comisión de Cultura y Educación referente a la promulgación de la “Ley de Educación en Afectividad y Sexualidad Responsable”, iniciativa de ley presentada por los diputados Anabel Belloso y Josué Godoy. El proyecto, en su momento, se encontró con una férrea y abierta oposición por parte de círculos conservadores y la Iglesia, por lo que fue archivada. Los argumentos esgrimidos giraron en torno a que ya existía una normativa vigente que procuraba y reconocía los derechos sexuales y reproductivos de la niñez y adolescencia, la Ley de Protección Integral para la Niñez y la Adolescencia (LEPINA).
La LEPINA, en su artículo 32, consagra que “El Estado en los ramos correspondientes garantizará la existencia y el acceso a los servicios y programas de salud y educación sexual integral para la niñez y adolescencia”. Sin embargo, esta normativa, en lo que a educación sexual y reproductiva se refiere, es, más bien, letra muerta, debido al desdén con el que las autoridades correspondientes han asumido la responsabilidad de impartir formación en la materia y a que, en su momento, no se crearon las estrategias necesarias para garantizar la aplicabilidad de la ley. Por esta razón, debe ser una tarea inmediata de las autoridades de los ramos pertinentes del país definir estrategias realizables para introducir esta materia dentro del currículo escolar y establecer los mecanismos para monitorear la eficacia y repercusión de la medida en términos de las cifras registradas de denuncias de acoso sexual, enfermedades de transmisión sexual, violaciones, embarazos no deseados, incidencia en la paternidad responsable, entre otros.
Asimismo, como sociedad civil, debemos ejercer presión para que nuestros legisladores trabajen en pos de garantizar el pleno goce de los derechos sexuales para la juventud y la protección de los derechos de la mujer salvadoreña. No debemos olvidar que esta no es una lucha aislada, sino un tema de salud pública que nos compete a todos. De este modo, paso a paso, se avanzará para que, en un futuro no lejano, la despenalización del aborto deje de ser un anhelo utópico y sea un tema real de discusión y consenso en nuestro país. Hasta que ese día llegue, debemos tomar ejemplo de Argentina y organizarnos para lograr cambios verdaderos.
Estudiante de Licenciatura en Economía y NegociosPresidente del Club de Opinión Política Estudiantil (COPE)