PUESIESQUE…ante la invasión al Capitolio estadounidense, el Estado Mayor Conjunto o Junta de Jefes de Estado Mayor, integrado por los jefes de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, emitió el 13 de enero de 2021 un comunicado que contiene un párrafo que merece un sonoro aplauso: “Como hemos hecho durante toda nuestra historia, el Ejército de EE.UU. obedecerá las órdenes dadas por los líderes civiles, apoyará a las autoridades para proteger vidas y propiedades, garantizará la seguridad de acuerdo con la ley y se mantendrá totalmente comprometido para proteger y defender la Constitución de enemigos extranjeros o domésticos”. Y añadieron: “Como miembros del servicio, debemos encarnar los valores e ideales de la nación. Apoyamos y defendemos la Constitución”.
Vaya claridad y contundencia de las declaraciones de los militares de mayor rango de los Estados Unidos (son 8 los miembros de esa Junta, 7 generales y un almirante), al expresar que están comprometidos con la protección y defensa de la Constitución. Ese comunicado nos muestra el verdadero rol de las Fuerzas Armadas en una democracia: la protección de la población y la defensa de la Constitución.
En El Salvador, la Fuerza Armada mostró institucionalmente -durante casi 30 años- una conducta mayoritariamente respetuosa de la esencia de las normas constitucionales, observando las reglas que le rigen desde las reformas constitucionales derivadas de los Acuerdos de Paz, aunque con 2 temas muy graves todavía pendientes: primero, no ha colaborado en los procesos de investigación sobre las atrocidades cometidas durante la guerra civil salvadoreña; y, segundo, ha existido un uso excesivo de los militares en tareas de seguridad (esto último es, definitivamente, un fracaso de las políticas de seguridad pública y ciudadana diseñadas por responsables políticos).
Lamentablemente, la actual administración presidencial salvadoreña está en el esfuerzo de desnaturalizar y distorsionar el papel de la Fuerza Armada (FF.AA.) , sobre todo por 2 hechos: por un lado, la vergonzosa y condenable toma militar del Salón Azul de la Asamblea Legislativa del 9 de febrero de 2020 (9-F/2020), que es un acto que deshonró a los militares que dirigieron tan oprobiosa invasión a un Órgano de Estado; y, por otro lado, la participación de las FF.AA. en la masiva violación de derechos humanos ocurrida con motivo de las miles de detenciones ilegales durante la inconstitucional cuarentena del año pasado.
No puedo evitar la comparación: mientras en Estados Unidos, los generales y almirantes estadounidenses proclaman y reiteran su compromiso con la democracia y la Constitución, aun frente al Comandante en Jefe, en El Salvador, el coyuntural inquilino de Casa Presidencial, con delirios de grandeza y propósitos autoritarios, menoscaba el prestigio de las FF.AA., manipulando a esta para infames fines.
A los generales y almirante estadounidenses les bastó la publicación de un comunicado de una sola página para confirmar y reforzar el prestigio de unas Fuerzas Armadas comprometidas con la democracia constitucional; en cambio, en El Salvador, en septiembre de 2020, ante el incumplimiento de órdenes judiciales y la proximidad de una interpelación legislativa, al parecer se gastó al menos un cuarto de millón de dólares en una campaña propagandística destinada a “levantar” la imagen del Ministro de Defensa,.
Como ciudadano me genera tristeza y decepción ver cómo la actual administración presidencial procura manipular a las FF.AA., apoyándose en un Ministro de Defensa que, al parecer, en su hoja de servicios se consignarán como grandes “logros militares”: por un lado, apoyar y justificar un operativo militar invadiendo la Asamblea Legislativa, y, por otro lado, posar para un video pelando cocos.
Abogado constitucionalista.