El año pasado, unos meses antes de las elecciones celebradas en febrero, escribí una columna titulada “El poder de las redes sociales y las propuestas de los candidatos”, que evidentemente no logró resonar con suficiente fuerza entre analistas y tomadores de decisiones. Allí advertí que la percepción que tiene un porcentaje significativo de la ciudadanía sobre la realidad nacional, se fabrica en las redes sociales. Por lo tanto, argumenté, no servía de nada que unos contendientes propusiesen soluciones audaces y técnicamente fundamentadas, si sus equipos de campaña no tenían expertos en procesos de difusión y amplificación de mensajes en las redes sociales, pero el de su adversario sí. En ese caso, pronostiqué, cualquier propuesta, por inteligente y acertada que fuese, sería proyectada como ridícula, falsa o dañina en las redes sociales por el equipo de campaña del opositor.
Debo de confesar, no obstante, que esa lectura no fue la primera que hice sobre la carrera electoral. De hecho, utilicé esa columna para enmendar una anterior e incorporar el poder e influencia de las redes sociales sobre el proceso electoral. No fue hasta después de platicar sobre el tema con algunos colegas que realicé que debía modificar mi apreciación inicial.
Ha sido invaluable, para mí, tener acceso a expertos del calibre de los doctores Martin Bouchard, Ryan Scrivens y Richard Frank, y sus investigaciones sobre los procesos de radicalización impulsados por grupos extremistas en espacios virtuales. Sus estudios forman parte de un interesante cuerpo de literatura científica que analiza las consecuencias nocivas de la manipulación mal intencionada de las redes sociales. Aunque este es un fenómeno relativamente nuevo, el peligro que representa para la seguridad, e incluso para la democracia, ha propiciado una gran variedad de investigaciones sobre el tema.
Según dichos estudios, hasta las democracias más estables y robustas corren peligro de sucumbir ante la polarización política producida por campañas de desinformación en las redes sociales. El poder e influencia de estas campañas radica en el objetivo detrás de sus mensajes: propiciar una reacción emocional que distorsione y cree desconfianza en el sistema y proceso político. Es por ello que los mensajes son empaquetados en forma de ataques o comentarios irritantes, introducidos por usuarios conocidos “troles” y amplificados otros denominados “esparcidores”. Así se crean narrativas alrededor de problemas sociales que tienen a su base un fuerte componente emocional. El desenlace más frecuente de este tipo de proceso es la creciente adopción de posturas y hasta políticas públicas populistas que agravan los problemas en lugar de solucionarlos.
Los comentarios de analistas y personas cercanas a los equipos de campaña indica que lo que llevó a subestimar el poder y el peligro de las redes sociales fue precisamente desconocer cómo funciona la diseminación y amplificación de mensajes en espacios virtuales. Esta ha sido una de las características comunes en los países que han experimentado los embates de la manipulación de la opinión pública a través de las redes sociales.
Desde el campo académico se ha advertido reiteradamente sobre la magnitud del potencial destructor que poseen las redes sociales en manos de políticos mal intencionados y, peor aún, de funcionarios irresponsable. Es imposible contrarrestar este fenómeno si no se entiende cómo funciona. La ciudadanía, por lo tanto, debe organizarse en función de comprender, monitorear y, finalmente, denunciar y desarticular las redes de manipulación de la opinión pública en los espacios virtuales. A medida avanza la penetración de la tecnología en el país, este es un paso fundamental que debe de dar la sociedad salvadoreña. Hacerlo contribuirá a blindar a los ciudadanos de la instrumentalización por parte de los malos políticos y funcionarios.
Criminólogo
@_carlos_ponce