El problema de las maras es dos cosas a la vez: un problema fundamental de nuestra sociedad y un síntoma de un problema todavía más grave —el descenso de El Salvador hacia un estado fallido. Ciertamente que en nuestro país las instituciones funcionan mejor que en nuestros países vecinos, e incluso que en muchos otros países latinoamericanos que tienen ingresos por persona mucho más altos que los nuestros.
En las dos últimas administraciones ha habido enfrentamientos muy serios entre el Ejecutivo y la rama judicial que la rama judicial ganó en todos los casos. El gobierno trató varias veces de emascular a la Sala de lo Constitucional y no pudo hacerlo, por la condena de opinión pública. Las libertades de pensamiento, de expresión y de prensa no han sido violadas desde hace décadas a pesar de que ha habido intentos de restringirlas. De igual manera se han protegido los otros derechos individuales fundamentales consagrados en la Constitución. El sistema financiero es muy sano y estable y las tasas de inflación y de interés son las más bajas de América Latina. A pesar de que los déficits de los últimos años han sido muy altos y que la deuda gubernamental es muy alta, el país ha gozado de gran estabilidad económica.
Estas no son características de un estado fallido. Pero hay en El Salvador algo que sí lo es: la falta de control territorial por parte del gobierno. El gobierno repetidamente ha afirmado que no es cierto que las maras le han arrebatado el control de las comunidades del país, y esto es parcialmente cierto. Las escuelas y los hospitales siguen funcionando, las calles se pavimentan y se les da mantenimiento y la basura se sigue recogiendo. Pero en muchas, muchísimas comunidades, el control de quien entra y sale de ellas no está en manos del gobierno sino de las maras, que violan la libertad de tráfico imponiendo restricciones a quienes quieren pasar. Las maras también extorsionan impunemente a la población, usurpando la facultad exclusiva que tiene el Estado para imponer impuestos. Peor que nada, el Estado está fallando miserablemente en proveer la seguridad más elemental a los ciudadanos.
Un estado que falla en esta dimensión de sus obligaciones es un estado fallido. Esto lo saben casi todos los pobladores de El Salvador. Saben que si ellos y su familia caen en desgracia con una mara, lo mejor que pueden hacer es irse, porque el estado no puede proteger sus vidas. El Estado no puede protegerlos ni siquiera de la extorsión, no puede proteger a sus hijos en sus escuelas, en donde pueden ser asesinados, ni puede evitar que los enrolen en las maras mismas. Es solo una pequeña fracción de la población que no está en estas circunstancias y que, por esa razón, no se da cuenta de que el Estado ha fallado y que esto puede matar al país. Como viven una realidad distinta, no alcanzan a ver la magnitud de la tragedia. Desafortunadamente, esta fracción es la más influyente en la formación de las políticas del Estado. Y, por eso, los gobiernos hablan mucho de este problema pero ha dejado pasar los años sin hacer nada al respecto.
Esta fracción debe comprender que el problema debe ser resuelto porque si no las ventajas de vivir en sociedad irán desapareciendo aceleradamente, ahogando las instituciones y hundiendo a El Salvador en un pantano de violencias y crímenes del que ni los que ahora están inmunes a las maras podrán escaparse.
La solución de este problema sin duda que requiere que el Estado retome el territorio con servicios públicos de buena calidad. Esto se ha repetido tanto que se corre el peligro de que se convierta en un cliché que todo el mundo dice pero que nadie pone en práctica. Pero la solución también requiere la restitución del orden social, una tarea policial y judicial de la que la mayor parte de la gente prefiere no hablar porque implica usar la coerción del estado y es más atractivo hablar de cosas alegres y amables. Pero si la coerción no es aplicada, justa pero efectivamente, el Estado terminará de colapsar, arrastrando en su caída a la población entera del país.
Máster en Economía
Northwestern University