Las acusaciones al TSE

Ene 09, 2019- 20:05

El actual presidente de México criticó duramente a la autoridad electoral en los comicios presidenciales de 2006 y 2012. En ambas ocasiones rechazó el veredicto del ahora Instituto Nacional Electoral (INE) y llamó a la desobediencia ciudadana. Dijo que los presidentes electos, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, respectivamente, detentaban “un poder ilegítimo surgido de la compra del voto y de otras violaciones graves a la Constitución y a las leyes”.

En su tercer intento por alcanzar la presidencia, en julio de 2018, cuando ganó las elecciones con un amplio margen respecto de sus dos principales contendientes, como era de suponerse, no hubo críticas al árbitro electoral ni mucho menos imputaciones sobre anormalidades en la campaña. Sin embargo el INE sancionó con más de 197 millones de pesos a Morena, el partido del presidente, por la operación irregular del fideicomiso creado por esa organización partidaria para ayudar a los damnificados por los sismos de septiembre de 2017. Los consejeros del INE determinaron que el partido no reportó el gasto del dinero ni la procedencia de los recursos.

En la última década las quejas de fraude hacia los organismos electorales han sido frecuentes. Además del caso mexicano, en Costa Rica, previo a las elecciones de 2018, el candidato presidencial del Partido Integración Nacional (PIN), Juan Diego Castro, hizo un llamado a la ciudadanía para que se preparara a enfrentar el “mayor fraude electoral” sin aportar pruebas de sus afirmaciones. En esa oportunidad, el abogado señaló que el “fraude electoral” sería planeado por la corrupción, por lo que le pidió a la población organizarse para “derrotar a los partidos corruptos”.

De acuerdo a varios analistas, “a base de exabruptos, acusaciones muchas veces sin pruebas, e insultos soeces a todo aquel que se atrevía a cuestionarle, Juan Diego Castro, consiguió encabezar las encuestas a la Presidencia de Costa Rica, al frente del PIN, en un nuevo episodio del auge del populismo más agresivo”. Criticó a la prensa, ofendió a las juezas, desacreditó a sus adversarios políticos y ofreció terminar con la delincuencia. Finalmente quedó rezagado a un quinto lugar con tan solo el 9.49 % de los votos. La credibilidad del Tribunal Supremo de Elecciones costarricense logró mitigar los efectos de las infundadas recriminaciones de ese candidato. El TSE “tico” se ubica entre los organismos electorales con mayor prestigio a nivel mundial. El asesor de gestión política institucional, Gustavo Román, “sin temor a exagerar”, recalcó que en Costa Rica es “imposible” el fraude electoral.

Ciertamente la situación salvadoreña es diferente. Para alcanzar el nivel de aceptación del TSE de Costa Rica deben mejorarse algunos aspectos. Sin embargo, ninguno de los retos que enfrenta esta institución pone en riego la legitimidad de las elecciones. El de El Salvador es un tribunal nacido de los acuerdos de paz. En contraste con las décadas anteriores al pacto de Chapultepec, en las que se alcanzaba el poder a través del engaño, ahora los comicios reflejan, a cabalidad, la voluntad del soberano. Son libres, periódicos y transparentes. La equidad, vinculada a la regulación del financiamiento político, es una deuda pendiente.

El respaldo al proceso electoral por parte de la cooperación internacional, en especial de la Embajadora de los Estados Unidos, significa un endoso relevante que muestra la evolución positiva del TSE que, en todo caso, no esconde los desafíos que debe encarar tanto el 3 de febrero como en el futuro cercano. En las presidenciales un asunto estratégico será el anuncio de los resultados el mismo día del evento electoral. En los próximos dos años debe retomarse el debate de la separación de funciones con el propósito de garantizar la aplicación de una efectiva justicia electoral. Por otra parte la presencia de las misiones internacionales de la Unión Europea (UE) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) asegura la vigilancia de todo el ciclo antes, durante y después de las elecciones.

Desde ningún punto de vista conviene desacreditar al organismo electoral. Se trata de la instancia que otorga al victorioso la legitimidad necesaria para gobernar. Utilizar esta maniobra como táctica de campaña puede revertirse presentando al candidato que lo hace como un potencial líder autoritario, revanchista y mal perdedor.

Doctor en Derecho y politólogo

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