Falta completar la red criminal

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Por Carlos Ponce

2018-12-11 7:38:22

Esta semana se instaló la audiencia preliminar en el caso de Rodil Hernández y Nelson Rauda por supuestos delitos cometidos en el contexto de la negociación entablada entre el gobierno de Mauricio Funes y la estructura de mando de las pandillas. Ambos ostentaron altos puestos en la Dirección General de Centros Penales bajo esa administración. Actualmente se les acusa de utilizar el dinero generado por las tiendas que funcionan en los presidios para fines no contemplados en la normativa existente. Estos fondos, según han explicado autoridades, financiaron actividades vinculadas a la negociación con las pandillas y el pago de personas relacionadas al pacto.

Esta etapa del proceso judicial en contra de Hernández y Rauda es clave. El juez que preside la audiencia determinará si las evidencias presentadas por la Fiscalía son suficientes para que se inicie un juicio. La decisión del juez tiene el potencial de cambiar la suerte que hasta el momento han tenido otros casos de ilícitos relacionados a la negociación entre la administración de Mauricio Funes y las pandillas. La Fiscalía ya procesó a 18 personas por otros hechos relacionados a este pacto, pero el juez Godofredo Salazar los absolvió. Dicha resolución ha sido controvertida por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia que ratificó un fallo de la Cámara Especializada de lo Penal en el que se ordena repetir el juicio. Según la resolución, Salazar mostró una marcada intención “de justificar a toda costa la conducta de los procesados”.

El entramado de ilícitos perpetrados en el contexto de la negociación con cabecillas pandilleros es complejo y extenso. Hasta el momento, las acusaciones únicamente han alcanzado a mandos medios y empleados públicos sin mayor poder de decisión. La red que participó en este pacto es mucho más grande que la que hasta el momento ha desfilado en los tribunales.

Una de las principales quejas que he escuchado de la ciudadanía es precisamente que el “arquitecto” de la negociación no ha sido acusado en los tribunales y que, además, muchos de los que lo ayudaron tampoco han sido señalados. Indudablemente que, como en toda estructura criminal, los cabecillas y los miembros de peso tienen el cuidado de que el rastro no llegue hasta ellos. Dedican parte sustancial de su tiempo en asegurarse de que, en caso las cosas no salgan bien, la responsabilidad se pueda descargar en otros. Esto es precisamente ante lo que estamos.

Es importante también considerar el poder que actualmente ostentan figuras claves de la estructura criminal y la capacidad que tienen para influenciar los resultados judiciales. Muchos de ellos ocupan altos puestos en la Fuerza Armada. Hace unos días una revista digital publicó un artículo que desnuda operaciones de intimidación en las que participaron agentes de inteligencia militar precisamente para influenciar procesos en los tribunales.

La Fiscalía ha tenido que enfrentarse a todos los obstáculos que implica procesar un caso en el que están involucrados poderosos funcionarios y exfuncionarios gubernamentales del partido oficial. La actual dirección operativa y estratégica del Ministerio Público ha demostrado independencia, profesionalismo e integridad. Estas cualidades, sin duda, están detrás de la resolución emitida por la Sala de lo Penal en la que ratifica la orden de repetir el juicio de “la tregua”. Estoy convencido de que también constituyen la mejor apuesta para lograr que todos los integrantes de la red criminal, hasta los más poderosos, responsables de la negociación con los cabecillas pandilleros, respondan por los delitos que cometieron.

Criminólogo
@_carlos_ponce