Imelda Cortez es una joven originaria de Jiquilisco, Usulután. Con tan solo 20 años, enfrenta cargos por tentativa de homicidio agravado a causa de un parto extrahospitalario producto de violencia sexual, miedo y pobreza, mucha pobreza. Violada desde los 12 hasta los 19 años por su padrastro de 70 años, Imelda quedó embarazada entre amenazas y agresiones. De hecho, aun embarazada, a Imelda seguían violándola. La violencia que la rodeaba impidió que pudiera recibir la atención médica o la orientación psicológica necesaria para llevar a buen término el proceso de gestación.
Una noche, en el noveno mes y al sentir un fuerte dolor abdominal, Imelda entró a la letrina de su hogar, hecho de adobe, lámina y tierra. Fue ahí que sufrió un desmayo y, tras dar a luz sin saberlo, su madre y una vecina la llevaron a urgencias del Hospital Nacional de Jiquilisco. Luego de ser admitida, la doctora que atendió a Imelda la acusó de haber abortado. En vez de brindarle el cuidado adecuado, la doctora acusó a Imelda de un crimen que no había cometido. Ante la denuncia, la joven fue arrestada, aun cuando la policía se dirigió a su casa, en donde encontraron a su hija sana y salva.
A pesar de que su hija se encuentra en buen estado de salud y vive junto a su abuela, las autoridades judiciales no desestimaron los cargos contra Imelda y aún la consideran una asesina. Asesina de un ser vivo. Actualmente Imelda lleva casi dos años recluida en cárcel de mujeres y enfrenta un proceso penal que no considera su situación permanente de violencia y agresión sexual más que un poco de contexto irrelevante.
Hasta este punto de la columna me he basado en los hechos sustentados por el expediente judicial del caso, no en mi opinión personal. Estos hechos nos dejan una duda razonable: la realidad de Imelda es una constante dolorosa para cientos de mujeres salvadoreñas, y la falla sigue siendo la misma: un sistema penal y de salud que juzga antes de ayudar. ¿Qué más debe pasar para que, como sociedad, como país, hagamos algo por todas estas mujeres?
Historias como la de Imelda se repiten en todos los rincones de El Salvador. Actualmente, más de 28 mujeres se encuentran detenidas a causa de partos espontáneos o extrahospitalarios que la justicia ha malinterpretado como delitos, basándose en una ley arcaica donde impera la falsa moral de unos pocos, sobre la realidad muchas. A estas mujeres, casi siempre pobres y sumamente valientes, se les ha negado la posibilidad de una vida digna; juzgamos sin escuchar, interpretamos desde ideologías y no desde realidades prácticas.
Hemos dejado a estas mujeres sin opciones; sus vidas giran en una ruleta de la fortuna, pero esa fortuna nunca llega a ellas, porque esa misma ruleta la giran y la detienen unas cuantos pocos que creen que personas como Imelda y su hija, son solo una minoría.
El 12 de noviembre estaba agendada la vista pública de Imelda, que suponía llevarse a cabo en Jiquilisco a las 10:00 am. Eran las 10:40 a.m. y la fiscal del caso no se había presentado; había llamado para decir que estaba enferma y no había quien la sustituyera. La FGR pidió se aplace la audiencia y se fije nueva fecha.
Sin fiscal no podía haber vista pública y por tanto, esta fue reprogramada para el 17 de diciembre. Imelda sigue encarcelada por mera irresponsabilidad de Fiscalía y la injusticia le sigue arrebatando su dignidad. Ella merece retomar su libertad para abrazar a su hija y rehacer su vida.
Todo aquel y aquella que alguna haya alzado su voz ante estas injusticias, debe, debemos, ahora con más fuerza, exigir que la realidad que enfrentan estas mujeres sea un tema prioritario donde se ejecuten cambios que mejoren sus condiciones de vida. No nos podemos permitir dejarlas solas.
Promotora política de equidad de género
y empoderamiento de la mujer