El plazo que teníamos como Asamblea Legislativa para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia venció hace tres meses. Han pasado 98 días y todavía no se alcanza el acuerdo que permitirá al país seguir caminando.
Los discursos, lamentos, señalamientos y desacuerdos avanzan a medida que el país entero se detiene. Ya el presidente la CSJ —único integrante de la Sala de lo Constitucional que debería tener a sus cinco magistrados— ha dicho que la mora judicial de esta Sala ha llegado a los 948 casos, 82 habeas corpus y 11 inconstitucionalidades.
La iglesia, universidades, Fiscalía, la sociedad entera está demandando a esta Asamblea Legislativa que se proceda a la elección de estos funcionarios sin que estas voces hagan eco en diputados que mantienen la costumbre de incumplir para justificar acciones que pueden generarles rédito electoral o, peor aún, para encubrir la corrupción y lavado de dinero en el país.
El Presidente de la República no ha desaprovechado la oportunidad y a sabiendas de que no hay Sala que establezca una inconstitucionalidad se ha dedicado a producir vetos a favor de los intereses de su partido y en contra de la defensa de los salvadoreños.
Vetó el decreto que prohibía que los extranjeros fueran propietarios de islas salvadoreñas a menos que se diera una aprobación legislativa de mayoría calificada. Avalando así vender a extranjeros, en este caso a un consorcio chino, las islas Perico y Periquito que están en el grupo de Áreas Naturales Protegidas por el Ministerio de Medio Ambiente. No hay Sala que determine lo contrario.
Vetó una reforma a la Ley de la Fiscalía General de la República que daba autonomía técnica a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la FGR y a causa de este veto El Salvador fue expulsado del Grupo Egmont, que permite que las UIF de todo el mundo compartan información para investigar lavado de dinero, corrupción y financiamiento del terrorismo. Ahora nos enteramos que el principal beneficiado de este veto es Mauricio Funes, expresidente de la República por el FMLN, prófugo de la justicia salvadoreña, asilado en Nicaragua con la ayuda de este gobierno y del Presidente.
Hemos superado el veto y el Presidente deberá enviar el decreto ratificado por la Asamblea Legislativa a la CSJ, junto a sus razones para considerarlo inconstitucional. Será este órgano del Estado el que decidirá. Aquí una razón más por la que urge la pronta elección de los mejores candidatos para magistrados de la CSJ.
Mientras el país se estanca en algunos aspectos y retrocede en otros, en la Asamblea Legislativa el tiempo corre sin acuerdos, sin voluntad política, sin decisiones y con muchos intereses de por medio.
Estamos a la puerta de la elección del Fiscal General de la República y se ha definido un proceso no muy distinto a los anteriores anunciando una vez más que se recurrirá a la costumbre de incumplir, ahora en combo.
En ARENA estamos listos desde hace mucho tiempo para votar y dar al país a los mejores magistrados. Exhorto a mis colegas a tomar una pronta decisión y no permitir que la costumbre nos lleve a la creación de un Combo de Funcionarios con repartos nefastos que solo siguen estancando el desarrollo y minan la institucionalidad necesaria para avanzar en el proceso democrático que queremos para nuestro El Salvador.
Diputada San Salvador