En medio del torbellino de información (y chambres) que circulan alrededor del “quinquenio funesto”, el directamente involucrado, desde su cada vez más incómodo asilo en Nicaragua, nos sorprende una madrugada tuiteando lo siguiente: “Ojo con los distractores mediáticos. Mientras los medios siguen concentrados en acusaciones sin fundamento de la FGR en mi contra, ARENA con la complicidad de ANEP busca aprobar una Ley de Aguas que le entregaría el control de la distribución del recurso a la empresa privada”. (¡¡!!)
Estamos acostumbrados a la insolencia de Mauricio Funes, pero el cinismo de este tuit del 15 de junio, con perdón, roza la pornografía. Quien menos autoridad moral tiene para hablar de cortinas de humo es el que más necesita de ellas. Y al día de hoy, el exfuncionario público que con mayor urgencia precisa de escándalos ajenos para tapar los propios es el ilustre asilado de Daniel Ortega.
Alguien debería recomendarle a Funes que suelte por un tiempo el teléfono. Sus febriles tuits son recibidos por la ciudadanía honrada con la misma sensación de frustración con que las víctimas de la mafia de Chicago habrían recibido telegramas de Al Capone. ¿Es que acaso no hay nadie, en el círculo íntimo del expresidente, que le haga ver a qué nivel de oprobio ha descendido su credibilidad?
Pero por repulsivo que sea, no es el descaro de Funes lo que más debe preocuparnos a los salvadoreños. Los morbosos detalles de sus triquiñuelas, y ese descomunal contraste entre sus discursos y acciones, serán anécdotas que quizá alimenten (cuando se escriban) las vergonzosas crónicas sobre la peor generación de políticos que alguna vez gobernara nuestro país; sin embargo, de ese infausto catálogo, lo peor que puede ocurrirnos es que no alcancemos a dimensionarlo correctamente.
Si solo una cuarta parte de los delitos que la Fiscalía le imputa a Funes y sus secuaces fuera cierta, de sobra tendríamos razones para considerarle el fraude más grande de la historia política nacional. El problema es que Mauricio es apenas la figura de referencia en esta sórdida trama. Porque, digámoslo claro, el expresidente jamás habría podido actuar como actuó, ni extraer al erario todo lo que le extrajo, sin que entre él y el dinero del Estado mediara una compleja estructura de relaciones y complicidades, vacíos legales y debilidades institucionales, compromisos políticos y lealtades ideológicas.
Funes llegó a convencerse a sí mismo de que un manto de impunidad cubriría semejante andamiaje de corrupción. Por eso, más allá de su destino particular, la correcta dimensión de sus vicios como gobernante incluye necesariamente una reflexión sobre los grados de pudrición en que podría encontrarse el Estado salvadoreño. Y esas consideraciones rebasan con creces el primer quinquenio del FMLN: remiten, por un lado, al sistema delictivo heredado por Mauricio, pero también a las conexiones que debieron seguir funcionando en el gobierno siguiente, que es el actual.
La contradictoria defensa que la administración Sánchez hace de la gestión Funes, si bien concentrándose con mayor vigor en el caso puntual de Vanda Pignato, revela algo más que afinidades personales o espontáneas solidaridades ante la desgracia ajena. No, aquí hay otra cosa. La actitud del FMLN solo es explicable como un desesperado intento por mitigar los efectos devastadores de un escándalo en el que se prevén gravísimas implicaciones partidarias.
Dado que cargar con pecados de otros es contraproducente en cualquier tiempo preelectoral, el que el oficialismo se vea tan incapacitado para tomar resuelta distancia de Mauricio Funes es casi una confesión de parte. Solo recordemos a los voceros del FMLN condenando sin medias tintas a Paco Flores y comparemos aquellas duras declaraciones con lo que dicen ahora en el caso del primer mandatario de izquierda. ¿Quién, con un mínimo de vergüenza, podría defender tan irreconciliables posturas? Bien dicen que el cálculo electoral es la franja vulgar de la política activa. Y el cálculo que incluye la defensa de corruptos, agrego yo, debe ser la pornografía.
Escritor