Las elecciones del pasado 4 de marzo se celebraron dentro de la normalidad. Se integraron las Juntas Receptoras de Votos, en la mayoría de éstas sus miembros registraron correctamente los votos y las marcas, no se reporta, por lo menos hasta el arranque del escrutinio final, una cantidad masiva de actas con inconsistencias, y la evolución de los resultados preliminares pudo consultarse en la página web del TSE desde la misma noche de los comicios. En comparación con las legislativas de 2015, el del pasado domingo fue un proceso notablemente superior.
Ciertamente hubo malestar entre quienes, habiendo resultado sorteados para integrar las JRV, o no se les entregó su credencial o pasaron de propietarios a suplentes y, por tanto, no ejercieron la función para la cual fueron capacitados. El TSE priorizó, porque así lo determina la ley, a las personas que fueron remitidas por los partidos para que formaran parte de las JRV. Al momento de instalar éstas últimas resultó que el “vuelo se sobrevendió”: había más personas que puestos a ocupar en las Juntas Receptoras. En buena medida esa situación responde a que el TSE permitió a los institutos políticos que sustituyeran, fuera del plazo otorgado por el Código Electoral para remitir sus listados, a todos aquellos afectados por alguna inhabilidad. Al aumentar el número de personas recomendadas por los partidos disminuyó el cupo para los sorteados y los voluntarios.
Los casos de sustracción de material electoral, intentos de doble voto, propaganda de los partidos induciendo a los electores a respaldar una determinada opción política, confusión en algunas de las mesas para rellenar las actas y consignar los votos y las marcas en los distintos folios, representan casos aislados que si bien deben investigarse y sancionarse unos, y evitarse los otros mejorando la capacitación en próximos eventos, no son semejantes, desde ningún ángulo, al caos que se constató hace tres años.
Al inicio del escrutinio final, con el cien por ciento de las actas procesadas, los partidos políticos calcularon la distribución de los escaños además de los ganadores de las mayorías en los concejos municipales. Así lo reconocieron los principales líderes de las organizaciones partidarias sin cuestionar el balance preliminar de los datos. A estas alturas, en 2015 predominaba el desorden, la confusión y el desconcierto. Esta sola razón es suficiente para aprobar el desempeño del TSE en esta primera etapa.
Sin embargo el “efecto script”, que arrojó una distribución equivocada de preferencias y asignó curules a quienes no las habían obtenido, empañó la fiesta electoral. Las actas en poder de los partidos y la vigilancia de la Fiscalía General de la República son suficiente resguardo para impedir el irrespeto de la voluntad popular; además la falla tuvo lugar durante el escrutinio preliminar, cuando los resultados no están firmes. Al término del escrutinio final podrán interponerse las impugnaciones que los perjudicados consideren pertinentes.
No obstante esas garantías —las actas, la intervención de la FGR y la posibilidad de utilizar los recursos legales que establece el Código Electoral— el “error humano” abrió la puerta para enquistar la duda y atizó la desconfianza que ya venía ensombreciendo la actuación del TSE. A la autoridad electoral no le queda más remedio que atender el llamado de las diferentes organizaciones para explicar, técnica y adecuadamente, las razones del yerro cometido por la empresa responsable del procesamiento de los resultados. Asimismo debe deducir responsabilidades y reclamar cualquier tipo de indemnización si el contrato lo permite. Por otra parte ahora es inevitable la auditoría del sistema durante la etapa que se está desarrollando. La intervención de las misiones de observación internacional y nacional, de los técnicos de los partidos políticos y de representantes de la sociedad civil organizada debe ser autorizada por el TSE para que no se repita este desafortunado equívoco.
Ciertamente frente al 2015 y antes que concluya el escrutinio final de 2018, puede afirmarse que las elecciones pasaron la prueba. Sin embargo la tecnología, aunque con un desempeño mejor que el de aquellos comicios, no es equiparable a la de 2012 en la que se contaron preferencias sin confusión alguna. Es necesario erradicar por completo el “error de script” y recuperar la confianza en el proceso.
Columnista de
El Diario de Hoy